El Gobierno federal avanza en la restricción de licencias de conducir comerciales para quienes no puedan acreditar estatus migratorio legal. Una norma impulsada por el presidente Donald Trump obliga a los estados a verificar el estatus migratorio antes de emitir o renovar estos permisos. La medida afecta a conductores de camiones, autobuses y otros vehículos comerciales en todo el país. La regulación apunta a las llamadas licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL), otorgadas a residentes temporales no ciudadanos. Estos permisos estaban diseñados para expirar junto con el estatus migratorio de cada conductor. La respuesta de los estados ha sido dispar. Oregon fue más allá de lo exigido y suspendió toda emisión de CDL para no ciudadanos. California, en cambio, enfrenta una demanda judicial que por ahora impide la revocación masiva. El 13 de febrero, la FMCSA y el Departamento de Transporte emitieron una directiva que obliga a los estados a otorgar licencias comerciales solo a quienes tengan “un estatus migratorio verificable basado en empleo”. El plazo para cumplir venció el 16 de marzo. La medida forma parte de una política migratoria más amplia de Trump quien pidió aprobar la “Ley Dalilah”. Esa legislación busca prohibir a cualquier estado emitir licencias comerciales a personas en situación irregular. El caso que motivó la propuesta ocurrió en noviembre en Oregón. Un hombre de 25 años y su esposa murieron tras una colisión con un semirremolque conducido por Rajinder Kumar, con licencia temporal emitida en California. ICE solicitó su detención por haber ingresado al país de forma irregular. Oregon aplicó la norma de forma estricta: suspendió la emisión y renovación de CDL para cualquier residente temporal no ciudadano. Unas 1.400 personas en ese estado tienen licencias vigentes; podrán conservarlas, pero el DMV no aceptará nuevas solicitudes. Indiana canceló directamente las 1.800 licencias ya emitidas a no ciudadanos. California, en cambio, enfrenta una acción legal que impide por ahora revocar los permisos existentes, que suman cerca de 20.000. La situación varía según el estado. A nivel federal, la norma no exige cancelar permisos existentes, solo impedir nuevas emisiones. Pero cada estado puede aplicar criterios más estrictos, como ocurrió en Oregon e Indiana. El debate sobre la constitucionalidad de la medida continuará en los tribunales en las próximas semanas. El caso de California podría sentar precedente para otros estados con grandes poblaciones de conductores con estatus migratorio temporal.