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El Departamento de Seguridad Pública de Texas suspende automáticamente la licencia de conducir de todo conductor condenado por poseer o usar una identificación falsa o alterada, según el Código de Transporte del estado. La medida alcanza a menores de 21 años que llevan una ID apócrifa para aparentar mayoría de edad y también a cualquier persona que use o preste una licencia fraudulenta.
La disposición forma parte del Capítulo 521 del Código de Transporte de Texas y se activa cuando un tribunal dicta la condena, no por la simple tenencia del documento en el vehículo. La suspensión de la licencia de conducir puede extenderse de 90 días hasta un año, según lo determine el juez.
¿Qué documentos falsos provocan la suspensión de la licencia en Texas?
La ley castiga a los menores de 21 años que portan una identificación “engañosamente similar” a una licencia o certificado oficial, salvo que el documento lleve impresa la leyenda “NOT A GOVERNMENT DOCUMENT” en letras rojas visibles. También alcanza a quienes alteran, fabrican o prestan su propia licencia de conducir a otra persona.
Un oficial de policía puede confiscar en el momento cualquier documento que imite una licencia o ID oficial y no cumpla con esa advertencia legal. La infracción se agrava si la persona brinda datos falsos al tramitar una licencia.
Documentos que configuran la infracción:
- Identificación falsa usada para aparentar 21 años o más
- Licencia de conducir alterada o fabricada
- Préstamo de la propia licencia a otra persona
- Posesión de más de una licencia válida vigente
- Datos falsos en la solicitud de una licencia o certificado
¿Qué consecuencias enfrenta el conductor y qué debe hacer?
Tras la condena, el Departamento de Seguridad Pública suspende la licencia por el período que fije el tribunal; si el juez no lo especifica, la suspensión es automáticamente de un año. Los menores de 21 años pueden recibir además entre 8 y 12 horas de servicio comunitario, según si es primera infracción o reincidencia.
Para recuperar la licencia, el conductor debe pagar una tarifa de reinstalación de u$s 100 al Departamento de Seguridad Pública una vez cumplido el período de suspensión. El documento fraudulento confiscado no se devuelve al titular.