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Una nueva norma que obligaría a los comerciantes extranjeros que venden comida en la calle a obtener una licencia para poder seguir trabajando fue aprobada por el gobernador Greg Abbot y pone en apuros a miles de trabajadores.
A partir de ahora, quienes quieran vender comida en la calle necesitarán una licencia especial que solo se puede solicitar con una prueba de estadía legal en Estados Unidos. Este requisito deja sin posibilidad de forma automática a todos los extranjeros que aún no resuelven tu estatus migratorio.
Todos estos trabajadores extranjeros se quedarán sin trabajo: la nueva regla para los food trucks
La norma aprobada por Abbot en Texas ahora exige a los trabajadores de camiones de comida de una nueva licencia que apruebe esta actividad. Cada vendedor ambulante dentro del estado deberá registrar el vehículo en el que opere y los conductores deben tener una licencia de conducir comercial vigente en el caso del que el vehículo lo requiera.
También deben someterse a una habilitación de operación en la que el vendedor se compromete a cumplir con todas las leyes vigentes sobre seguridad alimentaria en Texas.
No obstante, la principal dificultad que encontrarán estas personas será el requisito obligatorio de residencia legal, ya que en su mayoría son migrantes que aún están en proceso de resolver su estatus migratorio.
La nueva disposición del gobierno de Texas: cómo solicitar esta licencia
La Ley HB 2855 firmada por Abbot crea un nuevo sistema de licencia estatal que es única para los food trucks que busca reemplazar el esquema anterior que se manejaba a nivel independiente en cada ciudad.
La licencia debe emitirla el Departamento de Salud de Texas (DSHS) e incluye datos del negocio, el tipo de unidad móvil y el volumen de operación. Tiene un costo que ronda los 1,350 dólares.
Para poder obtenerla es necesario aprobar una inspección sanitaria sobre condiciones de higiene, equipamiento y seguridad alimentaria. Por otro lado, también se debe contar con agua potable.
A esto se añade la prueba de residencia legal que podría dejar a miles de trabajadores fuera de este mercado. La ley entra en vigencia el 1 de julio.