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El posible fin del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP) volvió a preocupar a millones de familias tras la aprobación del nuevo paquete fiscal y de gasto del 4 de julio, que modificó la estructura de financiamiento del programa de asistencia alimentaria. Aunque SNAP no se elimina como ley federal, la norma introduce cambios que podrían afectar la continuidad de los pagos en varios estados.
El riesgo surge porque la legislación establece obligaciones financieras inéditas para las administraciones estatales. Si no logran cumplirlas, podrían reducir su participación o incluso dejar de operar el programa, lo que en la práctica significaría que millones de personas perderían sus beneficios.
¿Por qué podría llegar el fin de SNAP y a quiénes afectaría?
El plan incorpora un sistema de costos compartidos que obliga a los estados a financiar parte de los beneficios desde 2028. Esta contribución dependerá de los errores al calcular elegibilidad y montos.
Si los estados no pueden cubrir su cuota, podrían reducir beneficiarios, ajustar requisitos o incluso abandonar SNAP. Hoy más de 42 millones de personas dependen del programa, incluidos millones de niños.
¿Qué deben saber los beneficiarios y cómo evitar la pérdida de pagos?
Las tasas de error de 2025 y 2026 definirán cuánto deberá aportar cada estado en 2028. Estos errores se refieren a fallas al calcular quién califica para SNAP y cuánto debe recibir cada familia, ya sea por pagar de más o pagar de menos.
Si un estado tiene pocos errores, no deberá aportar fondos propios. Si los errores son moderados o altos, tendrá que cubrir una parte creciente del programa; y si los errores son muy altos, la ley obliga a pagar hasta el 15% del total. Esto define qué estados pueden sostener SNAP y cuáles enfrentarían recortes.
Desde 2026, además, los estados deberán pagar el 75% de los costos administrativos, lo que dificulta reducir errores y aumenta el riesgo de recortes o suspensiones del programa por parte del USDA.