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El préstamo destinado a pequeñas empresas sufrió modificaciones en su alcance, según informó la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés). A partir de estos cambios, los inmigrantes titulares de la green card ya no serán elegibles para acceder a este tipo de financiamiento.
La razón es clara: el organismo exige que los solicitantes sean ciudadanos estadounidenses u originarios de Estados Unidos que residan en el país. Esta nueva medida deja fuera del beneficio a numerosas personas interesadas en acceder a estos préstamos.
¿A partir de cuándo aplica este cambio?
La medida entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2026. Desde ese momento, la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA) exigirá que los solicitantes de préstamos para pequeñas empresas sean ciudadanos estadounidenses.
Este cambio representa un obstáculo para los titulares de la Green Card que buscan acceder a un financiamiento conveniente para sus empresas, ya que quedarán excluidos de este tipo de beneficios.
¿Qué implica para los negocios de extranjeros?
La medida alcanza incluso a los negocios en los que los residentes permanentes tengan una participación minoritaria, lo que reduce de forma significativa las opciones de crédito para miles de emprendimientos a cargo de inmigrantes.
En la práctica, esta restricción limita el acceso a capital con tasas preferenciales y plazos extendidos, obligando a muchos empresarios extranjeros a recurrir a financiamiento privado, generalmente más costoso y con mayores exigencias.
Sectores como el comercio, la gastronomía y los servicios, donde la presencia de emprendedores inmigrantes es elevada, podrían verse particularmente afectados, con un posible impacto en la inversión, la expansión de negocios y la generación de empleo.
¿Por qué se da el cambio?
El cambio responde a una redefinición de los criterios de elegibilidad para el uso de fondos federales, que ahora se restringen exclusivamente a ciudadanos estadounidenses o nacionales del país, según lo que explicó la SBA.
El organismo argumenta que la medida busca priorizar el destino de los recursos públicos, simplificar los controles administrativos y reducir riesgos asociados a estructuras societarias con participación extranjera.
El endurecimiento de las condiciones se da además en un contexto político marcado por un mayor debate sobre inmigración y acceso a beneficios estatales, lo que explica el giro en la política de financiamiento para pequeñas empresas.