

En Estados Unidos, las autoridades financieras establecen fuertes medidas para detectar posibles actividades ilícitas. Esto incluye un control estricto sobre los retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos, una práctica que podría poner a algunos usuarios bajo la lupa si superan ciertos montos.
Todas las instituciones financieras que operan en el país deben cumplir con la Ley de Secreto Bancario (BSA), que exige reportar ciertas transacciones en efectivo. Esto incluye los retiros que se realizan en ATMs y que podrían considerarse sospechosos si superan ciertos límites, una medida pensada para evitar el lavado de dinero y otros delitos financieros.

¿Qué monto de dinero se considera sospechoso en Estados Unidos?
De acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras están obligadas a reportar ciertas transacciones que superan los límites establecidos. Estas incluyen:
- Retiro de más de 10.000 dólares en efectivo en un solo día.
- Depósitos en efectivo que, en conjunto, superen los 10.000 dólares en 24 horas.
- Transacciones que, aunque no alcancen este monto, presenten patrones sospechosos según el historial del cliente.
Además, los bancos deben presentar un Reporte de Actividad Sospechosa si consideran que una transacción podría estar vinculada a actividades como el lavado de dinero, evasión fiscal o fraude.

¿Por qué se investigan estos retiros en cajeros automáticos?
La finalidad de estas normativas es identificar posibles actividades ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero estadounidense. Los informes de actividades sospechosas permiten a las autoridades federales rastrear movimientos de dinero vinculados a delitos graves, incluyendo:
- Lavado de dinero proveniente del narcotráfico o delitos financieros.
- Financiamiento del terrorismo a través de transferencias discretas.
- Evasión de impuestos mediante transacciones encubiertas o fragmentadas.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio para detectar y prevenir el uso indebido del sistema financiero con fines ilícitos, fortaleciendo así los controles contra el crimen organizado y el terrorismo.











