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El nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) creado por el presidente Donald Trump y liderado por el magnate multimillonario Elon Musk se ha infiltrado rápidamente en las agencias federales y tomó decisiones drásticas para recortar el gasto público, accediendo sin pudor a información exclusiva de las entidades y pasando por alto las regulaciones sobre la divulgación gubernamental.
Ahora, tras supuestas denuncias internas dentro de la Administración de Seguro Social (SSA) sobre la emisión de pagos a nombre de personas fallecidas, se estableció una nueva política para verificar la identidad de los beneficiarios de los programas sociales y así reforzar el control sobre los fondos públicos.
¿Cuál es el requisito para seguir cobrando los beneficios del Seguro Social?
A partir de abril de 2025, todos los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos deberán verificar su información personalmente en las oficinas oficiales para seguir recibiendo sus pagos mensuales.
Esta decisión impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) busca fortalecer la supervisión del gasto federal y reducir el fraude en el sistema del Seguro Social.
Esta nueva norma reemplaza al sistema anterior donde la verificación de identidad se podía gestionar a través del sitio web oficial del Seguro Social, sin necesidad de presentarse en las oficinas de la agencia. Tanto los nuevos solicitantes como los beneficiarios actuales deben completar este paso como se indica. De no ser así, pueden perder el acceso a sus beneficios, ya que las cuentas no verificadas pueden ser marcadas como inactivas o fraudulentas.
Miles de beneficiarios vulnerables se ven afectados con esta nueva política del Seguro Social
La mayoría de los estadounidenses que reciben los pagos mensuales de la SSA son ancianos y personas con discapacidades que pueden tener un alto grado de dificultad para llegar a las oficinas del Seguro Social. A su vez, muchos beneficiarios que viven en zonas rurales o desatendidas tendrán que viajar miles kilómetros, lo que implica un gasto y tiempo no accesible para todos.
El problema se ve agravado con el reciente despido de más de 7000 empleados de la SSA, lo que puede causar retrasos adicionales y largos tiempos de espera por la falta de personal para aquellos que intentan cumplir con la nueva norma.
