Tras ingresar al Parlamento la Ley de Presupuesto, varias aristas se han abierto en la discusión parlamentaria, y fundamentalmente económica.
El gobierno prevé una inversión promedio del 16,6 % del Producto Bruto Interno (PBI) para el próximo quinquenio. Esta cifra representa una leve caída respecto al 17,1 % registrado entre 2020 y 2024, y encendió un debate sobre la capacidad del país para sostener el crecimiento económico.
"Nuestro objetivo es consolidar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, generar condiciones para mejorar la calidad del empleo en Uruguay", afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante la presentación ante la comisión de Hacienda de Diputados.
El presupuesto contempla un déficit fiscal proyectado en torno al 2,5 % del PBI, lo que limita el margen de maniobra del Poder Ejecutivo para expandir la inversión pública. Fuentes del Ministerio de Economía reconocieron que la estrategia oficial se centra en estimular la inversión privada en sectores clave como infraestructura, energías renovables, tecnología y agroindustria.
El ministro Oddone insistió en que la estabilidad macroeconómica es la mejor herramienta para atraer capitales: "El país necesita previsibilidad y reglas claras para seguir siendo atractivo para los inversores extranjeros", expresó durante su comparecencia parlamentaria.
En este sentido, la bancada oficialista respaldó al ministro, asegurando que el presupuesto es "equilibrado" y que permite "cumplir con los compromisos fiscales sin descuidar las prioridades sociales", especialmente en educación, seguridad y salud.
El debate parlamentario sobre el Presupuesto 2025-2029 continuará durante septiembre y octubre. Analistas coinciden en que el gran desafío será encontrar el punto de equilibrio entre una política fiscal responsable y la necesidad de sostener niveles adecuados de inversión para evitar un freno en el crecimiento.
