Como dijo aquél general bárbaro, la suerte está echada. Otra decisión audaz del gobierno de Cristina que no tiene vuelta atrás en el mediano plazo, o hasta que un nuevo gobernante decida otro cambio de rumbo a los que ya estamos habituados, y que nos caracteriza como una sociedad bipolar que no puede encontrar una hoja de ruta estable.

La pregunta es si esta decisión beneficiará al pueblo argentino o si simplemente construirá una nueva burocracia privilegiada, al estilo Pemex, o más bien al estilo de aquella YPF de los años 70, que era utilizada como vehículo de transferencia de renta hacia grupos elegidos, o simplemente como instrumento para mantener artificialmente bajos algunos precios y tarifas de la economía.

No existe un a priori para justificar una u otra forma de organización de la industria petrolera (pública o privada). Lo que sí existe es una historia conocida para los argentinos. Una suerte de dejá vu que no permite grandes esperanzas.

Entre los considerandos de la intervención transitoria y la nacionalización del 51% del capital se menciona la evidencia de participación de los estados nacionales en la mayoría de los países productores de petróleo y gas, pero no se menciona el hecho que ninguna de las empresas listadas pasó por un proceso de completa privatización, como en el caso argentino. Más bien, la tendencia global de los últimos años ha sido hacia una apertura del capital hacia inversores privados. El caso de Petrobras es el más evidente. A partir de la Reforma constitucional del año 1997 Petrobras ha aumentado la participación privada con acciones que cotizan en las bolsas internacionales, lo que dota a la firma de un mayor grado de transparencia. Ecopetrol, la firma colombiana, ha vendido un 10% de la empresa pública a inversores privados en años recientes. La empresa noruega Statoil ha venido reduciendo fuertemente la participación estatal.

El caso antagónico al que debemos escaparle es el de la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia, a comienzos del 2006. Transcurridos cinco años Bolivia perdió más de la mitad de sus reservas de gas (aunque no hay auditorías serias para corroborarlo), con niveles de inversión que han caído en picada.

El otro gran interrogante es quién se asociará con la nueva YPF. Será posible que haya una lista de empresas serias dispuestas a hacerlo. Ojalá que esta maniobra se enmarque en una sólida estrategia de parte del gobierno nacional. Una estrategia desconocida por la mayoría de los argentinos, y no una cortina de humo para distraer la atención de los serios problemas que se han generado en el sector.

En todos los casos la diferencia de los países exitosos en el sector petrolero con relación a la Argentina es que se ha venido dando un proceso de fortalecimiento institucional que no se ha visto en nuestro país, a pesar de disponer de una empresa pública creada por Néstor Kirchner como ENARSA. Por el contrario, en nuestro caso se ha menoscabado la formación de funcionarios de carrera en el ámbito de la energía y en otros ámbitos de la Administración Pública, y los planes de carrera son la excepción más que la norma en el Estado.

Para asegurar el éxito en las empresas petroleras de nuestros vecinos se ha procurado seguir criterios empresariales en lugar de fijar precios políticos y designaciones arbitrarias como ocurría en la vieja YPF. No obstante, ya algunos funcionarios han insinuado que primará la relación de costos de producción por sobre la de costos económicos, con lo que la renta petrolera pasará a ser nuevamente un instrumento de la política de ingresos, como pregona el gobierno.

No hay más tiempo de ensayos. Un programa de gas y petróleo para todos podría transformarse en gas y petróleo para nadie, profundizando la dependencia de combustible importado y agudizando la crisis de balanza de pagos.

Como ex ypefiano de la época de gloria de Estenssoro, que mencionó la presidenta Cristina en la apertura de sesiones del Congreso, le deseo a la nueva gestión el mayor de los éxitos, pero no puedo sino advertir que se está en el albor de un período de grandes dilemas. Para recrear la renta petrolera argentina se requieren decisiones que pueden no estar alineadas con el modelo distribucionista que esgrimen sus funcionarios, y sobre todo, una masa de grandes recursos financieros para hundir bajo tierra con resultados que sólo arribarán en el mediano plazo.