En una democracia, el pueblo gobierna por medio de sus representantes. Los funcionarios ejercen funciones en distintos niveles de autoridad y delegación. Los legisladores han de representar directamente las preferencias populares. Cuando se trata de magistrados, lo fundamental es que sean honrados, expertos en derecho y hábiles en la aplicación de las leyes. Por esto, el componente político de su selección, aunque nunca se halla ausente, ha de reducirse para asegurar una administración de justicia eficiente, segura y permanente. Aquel criterio fue burlado en ocasiones hasta el ridículo. El hijo de una tarotista presidencial fue designado fiscal y luego propuesto como juez federal, cuando no contaba con título de abogado; una juez, incapaz de hacer su trabajo, tercerizaba la redacción de las sentencias. Abusos tales provocaron una reacción, que terminó en la inclusión del Consejo de la Magistratura en la Constitución de 1994. En la composición de dicho consejo, encargado de la selección de los jueces mediante concursos de oposición y antecedentes, debía procurarse el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal cláusula con la que los constituyentes esperaban reducir la influencia exclusivamente política. Pero la ley sancionada por el Congreso multiplicó su propia representación distinguiendo entre diputados y senadores y, además, agregó un representante del Poder Ejecutivo, con lo que aquel equilibrio nunca se cumplió cabalmente. A pesar de todo, en los primeros tiempos las cosas no anduvieron tan mal. No todas las designaciones eran buenas, pero al menos los concursos eran bastante serios y los abusos anteriores ya no podían repetirse. Un proyecto legislativo para mejorar la composición del Consejo, presentado por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, no tuvo acogida. Otro proyecto posterior, que empeoraba las cosas, sí fue sancionado. Desde entonces, el procedimiento de designaciones judiciales ha caído en el descrédito. Los concursos se hacen, pero los jurados se sortean entre un pequeño número de candidatos y ha habido denuncias, nunca investigadas hasta el fin, sobre irregularidades y trampas en los exámenes. Cuando, a pesar de eso, los resultados no son enteramente del agrado de los poderes políticos, el trámite se demora indefinidamente. Por lo menos en un caso se llegó al extremo de designar una comisión revisora de los resultados de un concurso, cuyo dictamen también fue puesto en larga espera por no contener los nombres apetecidos en los lugares principales. Pero, más tarde, los resultados del concurso ya no fueron determinantes: el Consejo convoca a los candidatos para interrogarlos y, con pretexto de esa entrevista, decide por su cuenta variar el orden de méritos y anteponer unos candidatos muchos puestos por encima de otros. Estas decisiones, que no encuentran justificación objetiva en las pruebas de oposición, son a veces impuestas mediante encendidas arengas políticas a cargo de consejeros también políticos. Cuando finalmente se confecciona la terna y se la remite al Poder Ejecutivo, llega el tiempo de las impugnaciones. El procedimiento es excelente, porque da a cualquier ciudadano la oportunidad de elogiar o criticar fundadamente a cada uno de los candidatos y, de ese modo, ilustrar la decisión de la máxima autoridad política. Pero este trámite también se encuentra viciado. Es tan pública la influencia de la política en las designaciones judiciales, que los propios candidatos se someten a la humillación de pedir avales a quienes los conocen en vez de quedar a la espera del juicio espontáneo de sus conciudadanos. El resultado es una competencia para juntar firmas en la que los más audaces aventajan a los más austeros. Y el final depende, al parecer, no tanto de cuántas firmas haya reunido cada uno sino especialmente de cuán cerca se hallen del poder las personas que lo apoyen. La administración de justicia, última garantía de los ciudadanos, padece varias desventuras. Una es la excesiva demora en las designaciones, que provoca largas vacancias y demoras en las causas. Pero conviene destacar también los efectos permanentes de un deficiente criterio en la selección de los magistrados.