La Presidente de la Nación anunció en la apertura de las sesiones legislativas del presente año, una serie de iniciativas tendientes a reformar el Poder Judicial. Entre ellas, la creación de tres nuevas Cámaras de Casación para distintos fueros, el pago de Impuesto a las Ganancias por parte de los magistrados y funcionarios judiciales, la restricción para el dictado de cautelares contra el Estado Nacional y el más cuestionable, que propone que todos los integrantes del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular.
Este organismo que selecciona a los futuros magistrados y posteriormente los acusa para su remoción en caso de mal desempeño, hoy está integrado por 13 miembros (6 legisladores, 1 representante del Gobierno, 1 académico, 3 jueces y 2 abogados). La elección popular de todos sus miembros que propone el Poder Ejecutivo, aunque aún no se conoce el texto del proyecto de ley, es inviable e inconstitucional a la luz de lo que dispone el artículo 114 de la Constitución Nacional, que establece que los integrantes del Consejo deben ser elegidos como representantes por sus pares, es decir, por los órganos políticos resultantes de una elección (los 6 legisladores) por los jueces, por los abogados y por los académicos. Expresamente nuestra Carta Magna determina que es una elección indirecta de los estamentos que deben estar representados en dicho cuerpo.
Cualquier ley que el Congreso apruebe, violando este artículo de la Constitución, será objeto de revisión judicial y declarado contrario a la norma fundamental, salvo que se vea la necesidad de reformar la Constitución.
Desde nuestro origen institucional el servicio de justicia fue encomendado a magistrados, especializados en Derecho y aislados de la coyuntura política. Expresamente se quiso evitar que los jueces estén pendientes de la influencia de los partidos políticos, de su popularidad para ganar una elección, dedicando tiempo a una campaña electoral, debiendo favores a quienes han financiado los costos de ésta. En definitiva, hoy se pretende, que en un futuro quien debe administrar justicia quede involucrado en el juego político, perdiendo la objetividad e imparcialidad que se le pide a un magistrado. Los frenos y contrapesos de nuestro sistema constitucional dividido en tres poderes se verá alterado, impidiendo que quien tiene que poner límites a los abusos de un poder político absoluto, se encuentre sometido a las mismas normas o reglas de funcionamiento de ese poder de turno.
De prosperar este proyecto que únicamente busca debilitar al Poder Judicial y castigarlo por las decisiones dictadas durante el año pasado que pusieron restricciones a las medidas del Gobierno, advertiremos en un futuro que nuestro sistema institucional se vea aún más debilitado y deteriorado.
