Con la publicación de las cifras de noviembre, el Ministerio de Economía prácticamente confirma un nuevo deterioro de las finanzas públicas. En estos once meses, los ingresos fiscales se incrementaron un 31% anual (27% si excluimos aportes extraordinarios del Banco Central de la República Argentina y la ANSES), varios puntos por encima de la inflación. Sin embargo, el gasto primario se elevó 34%, impulsado por los pagos de salarios y jubilaciones, subsidios económicos, transferencias a Provincias y obras públicas (estos dos últimos rubros con fuerte aceleración pre-electoral). En el consolidado del año, proyectamos similares tasas de variación para ingresos y gastos, de forma tal que las finanzas públicas finalizarían el 2013 con un déficit cercano a los $ 25.000 millones (0,7% del PBI) y un rojo financiero de $ 87.000 millones (2,9%) aproximadamente. Y ello teniendo en cuenta más de $ 60.000 millones (2% del Producto) de asistencia por parte del BCRA y la ANSES.

El problema con la política fiscal no es tanto el déficit, sino su financiamiento. Cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, el Estado tiene tres opciones: endeudarse, imprimir dinero o una combinación de ambas. Claramente, sostener déficits indefinidamente no es sustentable, ya que, llevando las alternativas a sus extremos, se corre el riesgo de tener una crisis de deuda soberana (en cierto punto, lo que sucedió con la Convertibilidad) o una espiral inflacionaria sin control (como a fines de los 80).

Además, gracias al cepo cambiario, el exceso de pesos se canaliza hacia el dólar paralelo, tensionando el sistema financiero y socavando los esfuerzos del BCRA para sostener su stock de reservas y acotar la brecha cambiaria. Desde 2009 a la actualidad, el Gobierno se recostó más sobre la impresión de dinero para cubrir el rojo fiscal, al punto que toda la emisión de 2013 estará explicada por la asistencia financiera del BCRA al Tesoro.

En este contexto, ¿qué opciones tiene el Gobierno? Suponiendo que han internalizado las consecuencias de mantener déficits fiscales persistentemente, no muchas. Aumentar la recaudación es complicado en un contexto de bajo crecimiento, presión tributaria récord y un marco social estresado. Endeudarse con el sector privado está prácticamente descartado, más allá de un posible arreglo con los holdouts. El Gobierno parece dispuesto a tomar créditos únicamente de organismos multilaterales, aunque no alcanzarían a cubrir la totalidad del déficit. Por otra parte, contener el crecimiento del gasto público es algo difícil en términos políticos y económicos. Cerca de la mitad de las erogaciones corresponden a remuneraciones a empleados públicos, jubilaciones o subsidios a familias (AUH, asignaciones familiares, planes sociales diversos), que además se encuentran indexadas a la inflación (real, no la del INDEC).

Entonces, el peso de cualquier ajuste deberá recaer sobre los fondos destinados a obras públicas y a subsidios a empresas de servicios públicos, que representan casi un tercio del gasto. En este sentido, los reclamos policiales y sus consecuencias sobre las deficitarias finanzas provinciales (que escalarían si son replicados por otros empleados públicos) no podrían haber ocurrido en peor momento, ya que el Estado Nacional actúa como prestamista de última instancia, refinanciando los pasivos ya contraídos o aportando fondos frescos imprimiendo pesos del BCRA. Habrá que ver, además, si tras un Diciembre conflictivo el Gobierno estará dispuesto a pagar los costos de recortar los subsidios tarifarios a hogares del Gran Buenos Aires, y en dicho caso, cómo lo instrumenta (en montos y plazos).

En definitiva, el Gobierno se enfrenta a un serio dilema de política económica, que se venía advirtiendo hace tiempo, pero se agravó en las últimas semanas. Si desea reducir las tensiones cambiarias e inflacionarias para llegar al 2015 tranquilo, debería moderar el sesgo expansivo de las políticas fiscal y monetaria. Ello protegería (hasta cierto punto) las reservas y brindaría un margen de credibilidad al acuerdo de precios y salarios destinado a reducir la puja distributiva, pero a costa de un bajo crecimiento. Por el contrario, si decide apuntalar el nivel de actividad e intentar favorecer sus perspectivas políticas, el Gobierno tendrá que estar preparado para enfrentar una inflación más alta, aumento de la brecha cambiaria y pérdida sostenida de reservas.