En el año 2000 Telefónica se preparaba para una prometida desregulación con un comercial en el cual un personaje, Walter, despertaba luego de casi 15 años de estar congelado. El protagonista, el hoy reconocido actor Daniel Hendler, seguía actuando y pensando como en sus ochentosos años juveniles mientras la realidad había dado un salto cualitativo. Sin embargo, la historia por debajo de su contenido cómico, describía una situación extrema que desnudaba el viejo dilema entre seguir o moldear la realidad.
Algo que parece una excusa para la elucubración intelectual pero que rápidamente aterriza cuando se trata de entender mejor si las normas (leyes, decretos, disposiciones) deben amoldarse al funcionamiento de la realidad o, por el contrario, inspiran un espíritu ejemplificador. La pregunta también deja de ser retórica cuando el mismo Gobierno toma la delantera en dos frentes diferentes con argumentos contradictorios, pero apoyado por buen parte del arco político nominalmente opositor: el dólar y la reforma al código civil.
En el interminable proceso por de
sarmar lo que se consideraba un sistema de pensamiento que anclaba la dolarización de transacciones y ahorros, el lema fue siempre el mismo: hay que cambiar la mentalidad dolarizante. ¡Hay que pensar en pesos! De nada sirvieron las argumentaciones de empresarios y profesionales del sector: la ley está para ser cumplida. El colonialismo monetario era, primeramente, cultural, antes que económico.
Además del conocido problema surgido con el mercado de inmuebles usados, la negativa a reconocer un uso y costumbre comercial también afecta a otros segmentos como la comercialización de bienes importados (en el caso de que el cepo aduanero también se abra nuevamente), el mercado de futbolistas y deportistas de elite (cuyo costo de oportunidad es jugar entre nosotros o mostrar sus habilidades en tierras donde manda el dólar o el euro) pero también el de directivos top; artistas internacionales en gira por el país; algunos mercados con reaseguro inexistente en el país y en general, cualquier otro mercado en el que el precio de referencia no exista (o esté paradójicamente prohibido) y precise de uno más fiable para asignar recursos y comparar las equivalencias de valor durante el tiempo. Nada menos.
Sin embargo, la misma coalición gobernante que en este tema parecía principista, enarbolaba la reforma al Código Civil como una forma de reconocer y administrar realidades complejas que ya están ocurriendo. La ley, en esta visión del mismo núcleo duro del poder, sigue y le pone un moño a la realidad, pero de ninguna orienta la realidad, simplemente la reglamenta. Son materias de amplísimo alcance, cuyas aristas más polémicas han sido las relativas a las relaciones familiares, maternidad y paternidad pero también en cuestiones relativas a los vínculos contractuales. Por razones diferentes removieron a personas y asociaciones preocupados por estas materias porque ven debatirse y convertirse en leyes aspectos centrales de la legislación con el peligro de ser teñidas por el color político de la coyuntura.
La costumbre o el desuetudo (el hábito de no cumplir una norma) han sido reconocidas como una fuente del derecho. Lo que quizás altera los ánimos es transitar esa delgada frontera de la habitualidad como generadora de derechos y, también hay que reconocerlo, obligaciones. Porque en el fondo, todo derecho asignado genera una obligación para el resto de la sociedad de reconocerlo como tal, por lo tanto no es una cuestión meramente individual.
¿Cuál es en definitiva la línea rectora del pensamiento institucional en materia económica? ¿La aplicada frente a las cuestiones civiles familiares como la maternidad subrogada y el cambio de género o la que sustenta el cepo cambiario y la pesificación obligatoria?
Arriesgando una respuesta, parecería que el realismo manda mientras las encuestas de opinión y la tiranía del humor social, aconsejan normas para muchas cosas triviales. Pero cuando los porotos cuentan, el principio de caja triunfa a cualquier costo. No importa si ciertos hábitos están arraigados en mercados tan dispares como el inmobiliario, el trabajo en el sector rural o el doméstico o PyMEs en general. Con una sola excepción: el régimen del monotributo, que fue una forma de recoger vieja costumbre de evadir, transformado en un tributo realista y efectivo. En su momento (1998) no fue visto como una concesión sino un avance en la simplificación de la actividad de las pequeñas empresas, camino que encontró un solo escollo: la legislación laboral que no recogió las diferencias de naturaleza entre grandes y pequeños empleadores. Eran otros tiempos.
