La noticia era esperada, aunque sorprendió por su extensión y magnitud. Las empresas del sector energético listadas en el Mercado de Valores, sumaron durante el primer semestre de 2012 pérdidas por un total de $ 1220 millones. No se trata por cierto de una situación coyuntural ni proveniente de causas exógenas. La mayoría de las empresas vienen soportando pérdidas desde hace una década por el congelamiento de las tarifas dispuesto a principios de 2002. Aunque la Ley de Emergencia Económica en su reglamentación establecía la transitoriedad de la medida, ya que en 180 días debía readecuarse el marco regulatorio a las nueva realidad emergente tras la salida de la convertibilidad y el colapso de fines de 2001, lo cierto es que pasaron más de 3.600 días y el tema sigue aún en veremos.
Hay una verdad cuya obviedad es insoslayable, indiscutible. Ninguna organización empresaria, pública o privada, puede sostenerse en el tiempo sin un esquema económico y financiero en el cual los egresos sean mayores que los ingresos. El esquema se torna más inviable aún si además una parte de los ingresos debe destinarse a inversiones, que en el caso del sector energético suele ser una porción significativa por su naturaleza capital intensiva. Lo más preocupante del caso, es que además el país enfrenta un enorme desafío para las próximas décadas : tornar más racional y equilibrada su matriz energética, lo que implica importantes inversiones en investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que relativicen la hoy pesada dependencia de los hidrocarburos.
En este aspecto existe una responsabilidad colectiva por la falta de un plan director destinado a establecer visiones, metas e instrumentos que permitan alcanzar objetivos en el largo plazo y en cuyo diseño hayan participado los principales actores involucrados en la problemática de la energía. Un plan de estas características excede los simples lineamientos de la posible combinación óptima de uso de las fuentes de energía. Importa tanto ó aún más el trabajo conjunto de toda la sociedad sobre los aspectos salientes del consumo para atenuar la demanda de energía en el futuro y en este aspecto existen diversas medidas que exigen una importante articulación público-privada así como entre jurisdicciones políticas.
Un listado meramente tentativo puede incluir : la obligación en obras nuevas y el incentivo en inmuebles existentes para el uso de tecnologías y materiales de construcción aptos para conservar las condiciones climáticas y lograr un efectivo ahorro de la energía, el uso de equipos de calefacción y refrigeración ahorradores de energía, la sustitución masiva de artefactos y luminarias por otras de bajo consumo energético, el aprovechamiento de las diferencias de presión en las estaciones reguladoras de presión, el uso intensivo de sistemas de transporte público, etc.
Por cierto que cada una de las medidas anteriores exige adoptar modalidades particulares que normalmente implican algún tipo de subsidio o tarifa diferencial en el corto plazo para que el resultado pueda verse plasmado en los tiempos proyectados. Uno de los casos más conocidos y que debe servir de ejemplo es el de la conversión de gran parte del parque automotor hacia el uso del GNC, iniciado a principios de la década del 80 cuando abundaba el gas natural que se venteaba en importantes volúmenes. Aunque careció de la pompa y la solemnidad con las que a veces se engalana una medida con la denominación de verdadera política de estado, esta fue una de las muy pocas que se llevaron a cabo en el sector energético durante las últimas décadas. Los resultados fueron espectaculares contestes con los objetivos perseguidos, aunque en la actualidad, ese éxito represente un problema para la política energética por la recurrente falta de gas durante los meses de invierno.
Otra que pudo haber aspirado a un sitial similar fue la producción de biocombustibles, en el que la industria nacional rápidamente se posicionó liderando el mercado global en la faz comercial. La reciente resolución de modificar la ecuación económica con cambios sustantivos en la retención a las exportaciones y con un menor precio relativo para el mercado local, supone un cambio drástico en las reglas de juego, aunque estas nunca estuvieron formalmente expresadas ni tampoco explicitadas. Como suele suceder a veces, los principales perjudicados por estos cambios serán las productores pymes.
Al igual que en el caso del GNC, en donde la industria argentina fabricante de equipos, componentes y módulos para estaciones de servicio ocupó en poco tiempo un lugar de primacía en el concierto internacional, la producción local de biodiesel junto con sus subproductos y derivados escalaron rápidamente posiciones en el mercado global hasta alcanzar un lugar predominante. En un futuro no muy lejano, también podría acompañarla la industria química dedicada a la elaboración de la extensa gama de bienes que pueden fabricarse a partir de los vegetales en lugar de los hidrocarburos, si se establecen incentivos concretos e inteligentes para convertir las ventajas comparativas de nuestra agroindustria en ventajas competitivas, para ocupar otro casillero importante del comercio global.
Las medidas adoptadas recientemente, espasmódicas y contradictorias con algunos objetivos enunciados en el pasado como parte de una política energética, son casi siempre resultado de la falta de plan director que toda sociedad moderna requiere en sus sectores donde lo público se articula con lo privado para que el desarrollo termine siendo posible, armónico y eficaz. La carrera contra reloj que se ha encarado para superar el desequilibrio que hoy exhibe la balanza comercial energética, no debe descuidar los trabajos destinados a fortalecer el funcionamiento de los actores en el largo plazo, en donde los objetivos consensuados con los únicos que garantizan la perdurabilidad de las políticas de estado.
