En los últimos años escuchamos a los líderes sindicales reclamar la devolución de ¿fondos que el Estado le adeuda a las Obras Sociales Sindicales¿ ¿Cuál es origen de dicho reclamo?

El actual sistema de obras sociales fue creado por las leyes 23.660 y 23.661. Estas y un farragoso entramado de más de doscientas leyes, decretos y resoluciones que las complementan, regulan el funcionamiento de las entidades sindicales de salud.

Fundamental, aunque no exclusivamente, con el objetivo de afrontar las dificultades financieras originadas en las prestaciones de alto costo y complejidad como también para auxiliar a las obras sociales de bajo ingreso promedio, la Ley 23.661 dispuso continuar y profundizar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que ya había sido creado por la primitiva ley de Obras Sociales (N´ 18.610).

Dicho fondo se financia con un porcentaje de los aportes y contribuciones que oscila entre el 10% y 20% según el tipo de obra social. Se nutre, asimismo, del 50% de los fondos de ¿distinta naturaleza¿ que son establecidos, por leyes, decretos, convenciones colectivas u otras disposiciones específicas.

Como siempre se interpretó que el FSR está constituido por ¿recursos contributivos de la seguridad social¿ las sumas que lo componían no integraban el presupuesto, distribuyéndose, automáticamente, entre las Obras Sociales. Si al final de cada año existían excedentes estos pasaban al ejercicio siguiente. Se diferenciaban de los fondos del presupuesto anual estatal que no pueden ser ejecutados fuera del ejercicio para el cual fueron aprobados.

Pero, en el año 1993, el entonces Ministro de Economía, asimiló los recursos del FSR a los del Estado y sometió su ejecución a las normas presupuestarias nacionales condicionando su utilización al sistema de autorizaciones y cuotas; de esto resultó que, cada año, se autorizara, aproximadamente, la mitad de lo recaudado, quedando la otra mitad registrada o acumulada en alguna cuenta oficial, pero sin que las Obras Sociales pudieran disponerla.

El Gobierno Nacional afirmó que dichos fondos se encuentran depositados en una cuenta en el Banco Nación. Se estima que las sumas acumuladas y adeudadas oscilarían entre los doce y quince mil millones de pesos. Existe una sospecha generalizada que, al igual que lo hace con la ANSES y el PAMI, el oficialismo estaría utilizando esos recursos para financiar gastos corrientes. Es indudable que, con la alta inflación imperante, ese dinero se desvaloriza día a día.

La millonaria suma acumulada, con más los intereses devengados, entraña un desafío mucho mayor que una tradicional disputa económica. La cuestión no debería reducirse a cuánto y cuando devolverla. Por el contrario, dichos fondos brindan una oportunidad extraordinaria de implementar, con las debidas garantías de transparencia, un plan específico de saneamiento financiero y mejora en la calidad de atención de las Obras Sociales.