

Mariano Moreno escribió en La Gazeta: El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien: él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal; a que sus pasiones tengan un dique más fuerte que el de su propia virtud, y que, delineado el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos trastornar, la bondad de un gobierno derive, no de las personas que lo ejercen, sino de una Constitución firme que obligue a sus sucesores a ser igualmente buenos que los primeros, sin que en ningún caso deje a éstos la libertad de gobernar mal impunemente.
En otras palabras, no debemos esperar que las personas sean perfectas, pero podemos organizar el Estado con un sistema de controles, frenos y contrapesos que prevengan los defectos individuales contraponiéndolos a otros. En esto consiste una Carta Magna con división de poderes, Ministerio público, Consejo de la Magistratura, Organismos de Control Administrativos y Autonomías provinciales.
Sin embargo, el cumplimiento de aquellas esperanzas depende, al fin y al cabo, de la práctica política del pueblo mismo, que se refleja (de ida y de vuelta) en la práctica de sus representantes. Y estas circunstancias no son propicias a la institucionalidad republicana, aunque sí a una forma algo primitiva de democracia.
En efecto, la tradición caudillista latinoamericana no acepta fácilmente a funcionarios y servidores públicos: ella requiere líderes. Quien no se asuma como caudillo, o como seguidor de un caudillo, puede olvidarse de cualquier función de gobierno efectivo. En la década de 1950, los carteles callejeros pedían: Vote a Perón votando a sus candidatos. Los nombres propios cambian, pero el criterio permanece: Ministros y Legisladores, en este contexto, no valen casi nada por sí mismos: para el elector, son simples autómatas (a veces rebeldes, es decir traidores) del líder al que hayan prometido seguir.
Por esto mismo, cuando alguien habla de el gobierno se refiere siempre a quien ejerce el Poder Ejecutivo. Los jueces son percibidos como un coro griego algo desafinado, los gobernadores como beneficiarios o víctimas mendicantes del clientelismo, en tanto los legisladores, de identidad habitualmente desconocida y cuyo prestigio colectivo es sumamente bajo, cumplen distintas funciones según la amplitud de su sintonía con el Ejecutivo.
Si el oficialismo tiene más de dos tercios de ambas cámaras, se siente tentado a impulsar una Reforma Constitucional con la que el gobierno procure eternizarse. Si cuenta con mayoría absoluta, es fácil que opere ante todo para configurar una Corte Suprema adicta y, normalmente, como una expeditiva oficina que sancione los proyectos oficiales, más allá de pequeñas leyes de subsidios u homenajes con los que cada legislador satisfaga a sus electores locales.
Si el gobierno está muy cerca del quórum propio, algunos legisladores aislados se alquilarán para completarlo cuando sea necesario.
Si no puede imponer su quórum, pero está en condiciones de impedir el ajeno, el Parlamento queda reducido a declaraciones y decisiones intrascendentes, mientras el Ejecutivo gobierna por decreto.
Si la oposición dispone de mayoría propia, el Congreso sabotea cualquier iniciativa (sobre todo las que puedan generar popularidad) y rechaza o sustituye los proyectos de presupuesto para colocar al Ejecutivo en situación insostenible.
Si ella cuanta con dos tercios en ambas cámaras, obliga al Presidente a renunciar, bajo la amenaza del juicio político.
Los ciudadanos, mientras tanto, reaccionan y actúan como consumidores de corto plazo, con lo que pasan fácilmente del ditirambo a la execración del gobierno que eligieron. Este es, probablemente, el punto central del problema, que requiere de cada uno una reflexión constante y desapasionada mientras los hechos ocurren. Cuando llega el momento de votar, ya es tarde para pensar: el elector está tironeado entre opciones igualmente peligrosas, aturdido por una publicidad donde los eslóganes sustituyen a las ideas, presionado a menudo por punteros y hasta sobornado por bolsas con alimentos. Los tiempos no electorales, en cambio, son propicios para meditar qué clase de país quiere cada uno como miembro individual del soberano colectivo y, por encima de todas las cosas, recordar una y otra vez las sabias palabras de Moreno. Las de Mariano Moreno, que he citado al principio de este artículo.










