Decreto Chevron: más que un triunfo

Cuando todavía no se cumplió un año de la sanción del Decreto 1277 de julio de 2012, que regula la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el Poder Ejecutivo Nacional acaba de dar una pirueta acrobática de 180 grados con la sanción del Decreto 929, borrando con el codo lo que había escrito con la mano a través de aquella normativa de corte nacional y popular, que derogaba todos los Decretos desregulatorios que abrieron el camino de las reformas estructurales de los años 90 en el sector petrolero.
En particular se resuelve dar marcha atrás y reinstaurar la libre disponibilidad de los recursos físicos y financieros de la producción destinada a la exportación, eliminando a su vez las retenciones, siempre y cuando el inversor se comprometa a un desembolso mínimo de US$ 1000 millones en un período de 5 años.
Si de ponerle un nombre a esta normativa se tratase, no cabe dudas que este sería el Decreto Chevron. Es que luego de batallar en diversos frentes para conseguir socios que aporten capital en una industria que no logra revertir la tendencia fuertemente declinante de 10 años de producción, la gestión de Galuccio termina apelando a una empresa que posiblemente haya tenido uno de los peores desempeños como operador petrolero en la última década en Argentina. La oportunidad, mérito y conveniencia, como gusta argumentar al principal responsable de la política económica, Guillermo Moreno, de toda decisión arbitraria, obedece al hecho que Chevron encuentra en la asociación con YPF una fórmula de escape para indemnizar sus activos locales contra el embargo con que la persigue el gobierno de Rafael Correa, pero al que la justicia argentina no ha dado lugar.
No hay duda que una regulación que apunte hacia un modelo proclive a la inversión privada es bienvenida, sobre todo en un sector tan demandante de capital. Lo que no se entiende es la contradicción lógica de una administración que vive pisándose sus cordones creando esquemas ad hoc con exceso de discrecionalidad por encima de un marco regulatorio estable y de carácter universal.
El silogismo lógico p y no p, prueba ser otra vez parte de un modelo que elige permanentemente las ambivalencias. De hecho el propio Decreto 929 establece que sólo un 20% de la producción, fruto de estas inversiones promocionadas, recibirá un tratamiento de libre disponibilidad, mismo si el país no tiene saldos excedentarios exportables, con lo que ese porcentaje se debería volcar, a precios de exportación, en el mercado interno. Como ese es el escenario más probable, los inversores en definitiva aún después de este Decreto no saben a cuánto van a vender su producción futura. También existen arbitrariedades en el caso de las nuevas concesiones para la explotación No Convencional. No está claro quién será el concedente, ni qué pasará cuando convivan 2 regímenes de concesión diferentes (el Convencional y el shale).
Otra evidencia que deja esta resolución es que los poderes mágicos de Galuccio siguen en plena vigencia, logrando resultados inalcanzables para una firma como Vale, con todo el apoyo político de Itamaratí por detrás. Por el momento ha logrado vestir de blanquiceleste un anuncio tan parecido al que hizo el general Perón allá por el año 1955 con la misma compañía, por entonces denominada California Oil, sin que las voces más nacionalistas de las filas del propio gobierno se hicieran audibles. De este modo en la batalla por las ideas en pos de una economía inteligentemente planificada pero más abierta y competitiva, parafraseando a Les Luthiers, más que un triunfo fue un empate.