Durante años nos explicaron que el problema del Poder Judicial eran sus privilegios. Sueldos, seguros, fideicomisos, prestaciones y una burocracia aparentemente insaciable representaban, según la narrativa oficial, los excesos de una institución alejada del pueblo. Después llegó la reforma judicial, las urnas hicieron su aparición y nació la nueva Suprema Corte. Uno supondría que, después de semejante cirugía institucional, el resultado sería una Corte más austera. Pues resulta que la austeridad también necesita presupuesto.
Los números tienen la desagradable costumbre de arruinar los discursos.
En 2024, durante la presidencia de Norma Piña, la Suprema Corte recibió un presupuesto de MXN $5,787 millones. Para 2025, aquella Corte solicitó 5,922.9 millones, pero la Cámara de Diputados le autorizó únicamente 5,208.5 millones. La institución afirmó entonces que enfrentaba el recorte más importante de los últimos 15 años.
Llegó la nueva Corte, la emanada de la reforma judicial, la que supuestamente dejaría atrás los excesos del pasado. Para 2026 dispone de aproximadamente MXN $5,208.7 millones.
¿Y qué propone para 2027? MXN $6,104.5 millones.
El incremento equivale a 17.2% nominal y 12.7% real.
Curiosa manera de combatir los excesos: primero se les cambia de propietario.
El ministro presidente Hugo Aguilar ha explicado que ocho de cada diez pesos adicionales estarán destinados a remuneraciones y prestaciones laborales. También se contemplan un posible incremento salarial de 4.5% para trabajadores, mantenimiento de inmuebles, construcción de un archivo judicial propio —para evitar una renta cercana a 50 millones de pesos anuales—, renovación tecnológica de Plural TV, regularización de un inmueble e incorporación de inteligencia artificial en algunos trámites.
Hasta ahí podría existir una discusión presupuestaria razonable.
Pero apareció una vieja conocida: la póliza de gastos médicos mayores.
Seis de los nueve ministros aprobaron incorporar la posibilidad de restituir este beneficio para trabajadores de la Corte. Hugo Aguilar sostiene que serían 288 empleados, no los ministros, quienes podrían recibirlo si existe disponibilidad presupuestaria. El asunto provocó tal polémica que la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que algo extraño ocurre dentro del edificio de Pino Suárez.
“Ha de estar embrujado”, ironizó. Quizá sean “los espíritus del pasado”.
No parecen espíritus.
Parece algo mucho más terrenal: descubrir los privilegios que durante años se criticaron y comprobar que, vistos desde dentro, resultan bastante cómodos.
La austeridad siempre es más sencilla cuando se aplica al presupuesto ajeno.
Y en medio del espectáculo aparece Lenia Batres, convertida nuevamente en víctima de sus compañeros. Después de que varios ministros cuestionaran jurídicamente uno de sus proyectos, Batres denunció una “animadversión insana” en su contra e insinuó que podía estar relacionada con sus críticas al presupuesto.
El problema es que seis ministros coincidían con la conclusión de su proyecto sobre notificaciones en materia de amparo, pero cuestionaban la construcción jurídica utilizada para llegar a ella. Es decir, la discusión era sobre argumentos. Batres decidió convertirla en discusión sobre Batres.
Ahí radica uno de los problemas de la ministra: cuando el Pleno debería discutir derecho constitucional, termina discutiendo agravios personales. Una Suprema Corte necesita ministros capaces de construir mayorías jurídicas, no protagonistas que conviertan cada diferencia técnica en episodio de persecución política.
Paradójicamente, Batres tiene un punto atendible respecto al gasto. Ha cuestionado el incremento presupuestario y señalado partidas susceptibles de reducción. Pero tener razón en una discusión administrativa no convierte automáticamente cada crítica jurídica recibida en conspiración.
Mientras tanto, la nueva Corte descubre que gobernar cuesta.
Y cuesta bastante.
El anteproyecto incluye incluso la posibilidad de destinar recursos al seguro médico privado que había sido eliminado precisamente como símbolo del fin de los privilegios. La contradicción es extraordinaria: se realizó una reforma constitucional para transformar al Poder Judicial y, apenas instalada la nueva integración, reaparece la discusión sobre prestaciones que simbolizaban aquello que se pretendía erradicar.
Quizá el edificio sí esté embrujado.
Pero los fantasmas no son Norma Piña ni los ministros anteriores.
El verdadero fantasma es la facilidad con la que el poder modifica las convicciones de quien finalmente consigue ejercerlo.
Durante años, MXN $5,787 millones podían presentarse como evidencia del derroche de la vieja Corte. Ahora, 6,104 millones pueden describirse como recursos indispensables para garantizar eficiencia, derechos laborales, tecnología e infraestructura.
Extraña aritmética política: cuando gastan los otros son privilegios; cuando gastamos nosotros son necesidades institucionales.
Tal vez la transformación del Poder Judicial terminó siendo mucho más sencilla de lo prometido.
No había que acabar con los privilegios.
Bastaba con cambiar a sus beneficiarios.
*Es una opinión personal del autor que no refleja la postura de El Cronista México o sus dueños. El autor es director de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR México). Colaborador en Radio Colima en el Noticiero con Max Cortés: Datos con Valor. X e Instagram @Aivc2, TikTok @2aivc.
