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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la resolución que declaró nulo el proceso mediante el cual fue removido Eduardo Albor de la administración de The Dolphin Company, un fallo que podría tener implicaciones sobre el proceso de reestructuración financiera que la empresa mantiene bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.
The Dolphin Company, uno de los mayores operadores de parques marinos y experiencias con delfines a nivel mundial, enfrenta desde 2025 una disputa por el control de la empresa entre su fundador, Eduardo Albor, y un grupo de acreedores, un conflicto que derivó en procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos.
De acuerdo con la empresa, la resolución confirma el fallo emitido el 31 de marzo por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual invalidó el desistimiento del concurso mercantil en México y ordenó dejar sin efectos los actos derivados de esa decisión, incluido el cambio de administración que dio paso al procedimiento de bancarrota en Delaware.
The Dolphin Company llegó a operar alrededor de 30 parques y hábitats marinos en ocho países, con marcas como Dolphin Discovery, Garrafón Park y Ventura Park, lo que lo convirtió en uno de los grupos de entretenimiento turístico más importantes surgidos en México. La empresa se expandió mediante deuda durante la década pasada y, tras la pandemia, enfrentó presiones financieras que desembocaron en el conflicto entre el fundador y los acreedores.
De acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la agencia de comunicación de Albor, desde que la administración impuesta por los acreedores asumió el control, ha vendido o está en proceso de vender al menos 10 de las 28 propiedades de la compañía.
En el documento se asegura que, en particular, tres propiedades europeas (Zoomarine, Acquafelix Civitavecchia y Acquajoss Conselice, en Italia) fueron vendidas a un euro cada una. Adicionalmente, seis operaciones han sido cerradas por completo, entre ellas Dolphin Discovery Cancún, Dolphinaris Riviera Maya y Dolphin Sirenis.
Antecedentes de la disputa
El conflicto comenzó en 2024, cuando Eduardo Albor, fundador y entonces director general de The Dolphin Company, fue detenido en Quintana Roo tras una denuncia presentada por la propia empresa por presuntos delitos patrimoniales relacionados con la administración de la compañía. Albor negó las acusaciones y sostuvo que formaban parte de una estrategia para desplazarlo del control del grupo.
Posteriormente, en marzo de 2025, un grupo de acreedores garantizados, encabezado por CIBanco como fiduciario, promovió su remoción de la administración y designó una nueva dirección, decisión que derivó en el proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos y en una serie de litigios paralelos en ambos países.
Todo esto, en medio de una deuda superior a u$s 200 millones de dólares.
La administración encabezada por Albor sostiene que la remoción fue inválida porque no contó con la aprobación unánime de los accionistas, requisito previsto por la legislación corporativa mexicana para ese tipo de resoluciones.
Con base en ello, solicitó ante la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware la desestimación del procedimiento de bancarrota, cuya audiencia sobre la autoridad para presentar el Capítulo 11 se celebró los días 20 y 21 de julio.
El caso sigue abierto en Estados Unidos. La administración actualmente reconocida por la corte de Delaware se ha opuesto a la solicitud de Albor para terminar el proceso de quiebra y sostiene que continúa siendo la dirección legal de la empresa mientras el tribunal estadounidense no resuelva lo contrario.
