Cuba anunció una serie de reformas “urgentes” a su modelo económico en medio de una creciente crisis social y de una presión cada vez mayor por parte de Estados Unidos, que incluso ha incluido advertencias sobre una posible intervención militar.
El nuevo paquete de medidas para impulsar al sector privado y atraer inversión extranjera podría, de concretarse, convertirse en el cambio más profundo de la economía cubana desde los primeros años posteriores al triunfo de la Revolución.
Las reformas, aprobadas por unanimidad por la Asamblea Nacional, contemplan la apertura al desarrollo inmobiliario privado, la autorización para que operen bancos privados y la posibilidad de vender participaciones de empresas estatales a inversionistas privados, incluidos extranjeros.
“Al cubano que vive en el exterior y desea invertir, donar, importar tecnología, abrir un mercado o desarrollar un proyecto en su país, le ofreceremos un marco claro, estable y respetuoso”, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel durante un mensaje televisado el jueves.
La isla enfrenta una fuerte presión económica y política de la administración de Donald Trump, que ha exigido una mayor apertura económica y la liberación de presos políticos. Desde principios de año, Washington prácticamente bloqueó las importaciones de energía hacia Cuba y aplicó nuevas sanciones a sectores estratégicos de la economía.
Las restricciones han provocado apagones en distintas regiones del país durante las últimas semanas.
Sin embargo, Díaz-Canel rompió con décadas de discurso oficial al reconocer que los problemas económicos de Cuba no pueden atribuirse exclusivamente a las sanciones estadounidenses.
Durante una reunión del Comité Central del Partido Comunista, el mandatario señaló que parte de las dificultades responde a “obstáculos que no vienen del exterior ni del bloqueo”, aunque también denunció lo que calificó como un “castigo bárbaro” por parte de Washington.
Al citar las reformas económicas impulsadas por los partidos comunistas de China y Vietnam, Díaz-Canel advirtió sobre “decisiones que hemos pospuesto” y responsabilizó a la lentitud administrativa, la burocracia y las regulaciones que dificultan la producción.
“La situación exige cambios urgentes y necesarios”, afirmó.
Advertencias desde Washington
En el último mes, Estados Unidos también ha lanzado advertencias veladas sobre una posible acción militar si La Habana no implementa reformas de fondo.
Durante una visita reciente a la base naval estadounidense de Guantánamo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió a Cuba que no intente adquirir misiles u otros sistemas de armas con capacidad de alcanzar territorio estadounidense.
“Estarían invitando a una confrontación que no sólo no desean, sino que tampoco podrían soportar”, declaró.
La presión estadounidense ha agravado una crisis económica que comenzó tras el colapso del turismo provocado por la pandemia de Covid-19. En numerosas zonas del país, los habitantes reciben apenas unas horas de electricidad al día, mientras que hospitales y escuelas enfrentan severas afectaciones. Diplomáticos acreditados en la isla han alertado sobre el riesgo de un deterioro social profundo.
Historial de promesas incumplidas
Especialistas en Cuba advierten que el régimen comunista ha prometido en varias ocasiones abrir la economía sin concretar cambios significativos.
Durante la administración de Barack Obama, cuando Raúl Castro encabezaba el gobierno cubano, Washington y La Habana avanzaron en un proceso de acercamiento que contemplaba una importante apertura a la inversión extranjera.
No obstante, funcionarios estadounidenses involucrados en aquellas negociaciones sostienen que Fidel Castro, aún con influencia política en ese momento, trabajó tras bambalinas para frenar las reformas. Según esas fuentes, parte de la dirigencia cubana temía que la apertura económica derivara en una pérdida de control político.
Díaz-Canel asumió la presidencia en 2019 y en ese momento fue visto como un posible reformista, menos ideologizado que muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, analistas consideran que no ha contado con el peso político suficiente para impulsar cambios más allá de ajustes superficiales.
El propio mandatario reconoció que algunas de las reformas propuestas “no tendrán consenso absoluto, pero ya no pueden seguir posponiéndose”.
*Geoff Dyer es editor para América Latina de Financial Times.