La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para establecer límites a las pensiones de exfuncionarios de alto nivel, con el objetivo de reducir “privilegios” y redirigir recursos hacia programas sociales. “Es un párrafo en el (artículo) 127 constitucional que tiene que ver con pensiones y privilegios. Es decir, exfuncionarios de altos mandos en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas, a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del ejecutivo federal”, explicó la mandataria. La Presidenta detalló que algunos exservidores públicos perciben montos elevados desde hace años: “Exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben mensualmente un millón de pesos 58,378 dólares o 300,000 pesos 17,531 dólares y que lo han recibido ya por bastantes años”. Sheinbaum aclaró que los cambios solo aplicarían hacia adelante: “Lo que ya fue, ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto (…) si lo aprueba el Congreso”. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó datos sobre jubilaciones en el sector público y señaló que tras el recuento en el gobierno federal se detectaron pensiones “exorbitantes”. En la extinta Luz y Fuerza del Centro hay más de 14,000 extrabajadores jubilados, con un costo anual de 28,000 millones de pesos (1.634 millones de dólares), y casi el 70% recibe entre 100.000 y un millón de pesos mensuales. Buenrostro también mencionó casos en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, donde hay pensionados cuyos ingresos superan los de funcionarios en activo. La iniciativa plantea que estas pensiones no podrán exceder el 50% de la remuneración presidencial, “salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo”. Sheinbaum precisó que los derechos de trabajadores con contrato colectivo no se verían afectados. La presidenta estimó que la medida generaría ahorros de hasta cinco millones de pesos (cerca de 292,000 dólares), y que esos recursos “se van a ir a programas de bienestar”. La propuesta será enviada al Senado en los próximos días y se enmarca en la política de austeridad del gobierno de Sheinbaum, orientada a revisar beneficios en el sector público y fortalecer el gasto social.