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El 16% de las personas que utilizan efectivo en México asegura que es su única opción de pago, por lo que una transición acelerada hacia operaciones exclusivamente digitales podría dejar fuera del sistema a una parte de la población, advirtió Carlos Valderrama, abogado fintech mexicano y socio fundador de Legal Paradox, en entrevista con El Cronista.

El señalamiento ocurre mientras la iniciativa de Ley de Economía Digital, que ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, avanza hacia su discusión en el Pleno. Sin embargo, el especialista recordó que todavía no es una ley vigente, ya que tendría que ser aprobada por los diputados, enviada al Senado y, en su caso, posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Hasta que eso suceda, todavía no es ley. Todavía se puede seguir platicando y haciendo mejoras al respecto”, explicó Valderrama.

La iniciativa podría abrir la puerta a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine sectores en los que determinadas operaciones solamente puedan realizarse mediante medios digitales.

Gasolineras y casetas, entre los sectores que podrían cambiar

Valderrama planteó como ejemplo dos sectores que podrían estar entre los primeros en experimentar una transición de este tipo: gasolineras y casetas de peaje.

De concretarse, los consumidores que actualmente pagan con billetes y monedas tendrían que contar con tarjetas, aplicaciones, dispositivos de pago u otras herramientas digitales para realizar estas operaciones.

El cambio no solamente tendría consecuencias para quienes compran gasolina o utilizan las carreteras. También impactaría a los trabajadores que dependen de las propinas en estos establecimientos.

“Si tú vas a una gasolinería, la mayoría de estas personas no tienen un sueldo fijo y viven de propinas. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que de la noche a la mañana van a ver cambiada su vida de una manera tan radical?”, cuestionó.

Por ello, el especialista consideró necesario que cualquier eliminación del efectivo se realice mediante una transición gradual por sector, acompañada de un análisis sobre los efectos económicos y sociales.

El reto: digitalizar sin dejar atrás al efectivo

México todavía mantiene una fuerte dependencia del efectivo. De acuerdo con Valderrama, 91% de los adultos utiliza efectivo como parte de sus gastos cotidianos, mientras que el 16% de quienes lo utilizan señala que es su única opción.

Las cifras coinciden con los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, lo cual confirma que en México, el efectivo sigue dominando la vida cotidiana de millones de personas.

Para el abogado, esta situación hace que la digitalización de los pagos tenga dos caras.

Por un lado, una mayor utilización de medios digitales puede facilitar la trazabilidad de las operaciones y ampliar la base de recaudación fiscal, al permitir identificar transacciones que actualmente se realizan fuera de los canales electrónicos.

Pero, por otro, existe el riesgo de que las personas que no cuentan con una cuenta bancaria, tarjeta, teléfono inteligente, conexión a internet o conocimientos suficientes para utilizar herramientas digitales queden excluidas.

“Tenemos que lanzar campañas de educación financiera, o sea, de eso va a ser básico. Sin eso y sin este proceso de transición escalonada va a ser un cambio”, sostuvo.

El impacto podría ser mayor entre adultos mayores y habitantes de comunidades donde la infraestructura digital y financiera todavía es limitada.

Bancos, fintech y comercios también absorberán el costo

La migración hacia pagos digitales también plantea una pregunta sobre quién pagará la infraestructura necesaria para hacer posible esta transformación.

Valderrama señaló que una obligación de aceptar nuevos mecanismos digitales, como códigos QR, requeriría inversiones en terminales, sistemas tecnológicos y procesos operativos.

“Eso implica, evidentemente, una fuerte inversión en materia de infraestructura tecnológica y operativa”, dijo.

El problema, añadió, es que estos costos pueden coincidir con cambios en las cuotas de intercambio y otras reglas de operación de las redes de pagos.

Actualmente, de acuerdo con el especialista, las cuotas de intercambio rondan 1.69% para débito y 2.15% para crédito, aunque pueden alcanzar niveles de hasta 3.5%, dependiendo de las condiciones y disposiciones aplicables.

A su juicio, si los costos de infraestructura aumentan mientras se reducen determinados ingresos de los participantes, las instituciones con mayor capacidad financiera y tecnológica podrían tener una ventaja frente a jugadores pequeños.

“Te lleva a una disminución de la competencia, que a su vez te lleva a un proceso de encarecimiento de los productos y servicios financieros”, afirmó.

La digitalización también puede abrir un mercado mayor

El otro lado de la moneda es que una reducción del uso de efectivo ampliaría el mercado de pagos digitales y generaría una mayor demanda para bancos, fintech, adquirentes, emisores y proveedores tecnológicos.

“Cuando el pastel se hace más grande, las rebanadas también”, explicó Valderrama.

La transición podría beneficiar a las empresas que ya cuentan con infraestructura para procesar un mayor número de operaciones digitales, pero también obligaría a otros participantes a realizar inversiones para atender la nueva demanda.

El especialista mencionó que actualmente existen 37 jugadores bancarios y 96 no bancarios en la emisión de tarjetas, mientras que en adquisición participan 19 jugadores bancarios y 15 no bancarios, cifras que muestran la amplitud del ecosistema que podría verse involucrado.

En este escenario, la infraestructura de pagos tendrá un papel central, particularmente ante el incremento esperado en el número de transacciones.

Una transición que podría generar inversiones millonarias

El impacto económico de la nueva regulación podría ir más allá de las operaciones cotidianas.

Valderrama señaló que, desde la entrada en vigor de la Ley Fintech, las instituciones financieras tecnológicas han realizado inversiones importantes y estimó que, considerando los capitales mínimos de estas entidades, se habla de más de MXN$3,000 millones.

En el caso de los neobancos, estimó inversiones superiores a MXN$20,000 millones.

La eventual transformación de sectores completos hacia pagos digitales podría generar nuevas inversiones en infraestructura, tecnología y servicios especializados.

“Olvídate de capitales mínimos, en términos de infraestructura y de rama económica de las entidades financieras que quieran capturar esa demanda”, apuntó.

El cambio también podría generar una mayor demanda de asesores legales, tecnológicos y financieros para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas obligaciones.

La ley todavía tendrá que definir sus reglas

Otro de los puntos que Valderrama considera relevantes es que la iniciativa, en su estado actual, todavía requiere reglas que definan cómo se aplicaría en la práctica.

El especialista señaló que la legislación no contempla sanciones específicas, por lo que existe la interrogante sobre cuáles serían los mecanismos para hacer cumplir una eventual obligación de aceptar únicamente medios digitales en determinados sectores.

“Si tú ves todos los artículos, no hay sanciones”, afirmó.

Además, consideró que será relevante conocer las disposiciones que emitan las autoridades en materia de cuotas de intercambio, cámaras de compensación y funcionamiento de las redes de medios de pago.

“Las modificaciones a la red de medios de pago, desde cuotas de intercambio, cómo funcionan las cámaras de compensación, todo eso ahora se va a hacer mucho más primordial que antes”, señaló.

Por ello, consideró que Hacienda deberá definir los sectores y reglas de aplicación con un análisis de impacto y escuchando a los participantes involucrados.

La meta, dijo, debería ser que la digitalización avance sin provocar un cambio abrupto para consumidores y pequeños comercios que todavía dependen del efectivo.

“En el pueblito en donde solo ocupan este efectivo va a ser un reto mayúsculo”, advirtió.

Para Valderrama, el desafío será que la transformación digital no se diseñe únicamente desde la perspectiva de las instituciones financieras, sino considerando las condiciones reales de los usuarios.

“A veces creo que diseñamos productos y servicios financieros desde nuestras oficinas en Polanco. Y tenemos que ponernos a pensar en cómo nuestra experiencia de usuario, la regulación que se emite, todo lo que va alrededor”, concluyó.