En esta noticia
El fallo, emitido el pasado 11 de noviembre de 2025, proporciona claridad y subraya el derecho de cada niña, niño y adolescente a recibir alimentos, además de validar las disposiciones del Código Penal de Tamaulipas, al considerar constitucional el castigo por abandono de obligaciones alimentarias.
En una decisión que establece un precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha determinado que los padres o tutores que incumplan con el pago de alimentos a sus hijas e hijos podrán enfrentar sanciones penales, a menos que exista un motivo plenamente justificado.
“Las personas que tienen la obligación legal de brindar alimentos no pueden dejar de hacerlo sin un motivo justificado, por lo que incumplir con esta responsabilidad puede generar consecuencias penales”, manifestó la Corte en su comunicado oficial No. 260/2025.
Las reglas claras para proteger a la niñez, establecidas por la SCJN
El Pleno de la Suprema Corte confirmó una sentencia condenatoria en contra de un progenitor que incumplió con su deber alimentario, al determinar que el tipo penal estatal asegura seguridad jurídica y establece de manera precisa los elementos que conforman el delito.
De igual manera, los ministros aclararon que la frase “sin motivo justificado” debe ser analizada caso por caso, según las circunstancias particulares de cada familia, subrayando que no es requisito que la ley especifique todos los escenarios posibles para su aplicación.
Un fallo a favor de la justicia familiar
Esta determinación judicial transforma el panorama de la justicia familiar en México, al establecer un criterio vinculante que prioriza los derechos de la infancia sobre los conflictos entre adultos.
La resolución también ratifica el derecho a recibir alimentos como un componente esencial del interés superior de la niñez, promoviendo una cultura de responsabilidad familiar y respeto a los derechos de las y los menores.
Con esta decisión, el Máximo Tribunal envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad de los adultos hacia sus hijos, fortaleciendo el marco jurídico de protección a los menores y asegurando que el incumplimiento no quede impune.
