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Claudia Sheinbaum confirmó una noticia clave para los trabajadores del Gobierno Federal. Recientemente firmó el decreto que autoriza el pago del aguinaldo 2025, una de las prestaciones más esperadas del año y símbolo del reconocimiento al trabajo realizado.
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el depósito podrá comenzar a partir del 10 de noviembre, lo que permitirá fortalecer la economía familiar antes de las celebraciones de fin de año.
En un contexto de aumento constante de precios, esta medida representa un alivio para las familias mexicanas. Con ella, las autoridades buscan mantener la estabilidad laboral y estimular el consumo interno, en el marco del Buen Fin.
¿Cómo calcular el aguinaldo por días trabajados?
El decreto establece que los empleados federales recibirán 40 días de salario como aguinaldo, calculados con base en su sueldo vigente al momento del pago. Este beneficio abarca a los siguientes grupos:
- Servidores públicos del Apartado B del Artículo 123 Constitucional
- Personal operativo, de confianza, de enlace y de mando
- Integrantes del Servicio Exterior Mexicano, tanto dentro como fuera del país
También se beneficiarán los militares en activo, pensionistas, sus deudos y las personas contratadas por honorarios con recursos federales.
En el caso de los jubilados civiles y militares, el monto será proporcional a su pensión, garantizando que el apoyo alcance a los sectores que dependen de los recursos públicos.
¿Quién supervisa el aguinaldo en México?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la responsabilidad de coordinar y vigilar el cumplimiento del decreto, asegurando que los pagos se efectúen en tiempo y forma, bajo criterios de transparencia y disciplina fiscal.
El documento aclara que el beneficio económico no aplicará a trabajadores contratados por honorarios especiales o mediante convenios con gobiernos estatales o municipales, en línea con la política de austeridad republicana. Con ello, se busca evitar privilegios y asegurar una distribución justa de los recursos públicos.
Por su parte, los poderes Legislativo y Judicial, junto con los organismos autónomos, podrán utilizar este decreto como referencia para definir sus propios esquemas de pago, fortaleciendo la coordinación institucional.
