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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus operativos de fiscalización sobre el mercado de bebidas alcohólicas en 2026. Esta ofensiva busca erradicar el contrabando y la informalidad, factores que representan una fuga multimillonaria para la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Para los comercios y consumidores, la normativa es tajante: cualquier botella con capacidad de hasta cinco litros debe contar con un marbete oficial. Este distintivo no es solo un requisito burocrático, sino la única prueba de que el producto es legal y ha cumplido con sus obligaciones tributarias.
Ignorar esta disposición puede resultar en una catástrofe financiera para los establecimientos. Bajo el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, las multas por poseer o comercializar botellas sin el sello vigente pueden ascender hasta los 112 mil pesos por infracción.
Marbetes y códigos QR: el semáforo fiscal del SAT
La autoridad fiscal utiliza un sistema de colores para identificar rápidamente la procedencia de los productos en puntos de venta. Los marbetes de color verde están destinados exclusivamente a bebidas de origen nacional, mientras que el color vino es obligatorio para las importadas.
La tecnología se ha convertido en la principal aliada del fisco mediante la implementación de códigos QR dinámicos. Esta herramienta permite realizar una auditoría digital inmediata, vinculando cada botella con la base de datos de producción, el nombre del fabricante y los permisos de importación.
El SAT insta a los consumidores a realizar una “auditoría ciudadana” escaneando estos códigos con sus dispositivos móviles. Si la información que aparece en pantalla no coincide con la etiqueta física, el producto se considera ilegal, lo que activa protocolos de sanción para el vendedor.
Impacto en la rentabilidad y el mercado formal
Desde una perspectiva económica, la presencia de bebidas adulteradas o de contrabando distorsiona la competencia justa. El mercado negro no solo afecta la salud pública, sino que golpea la rentabilidad de las empresas que sí cumplen con la estructura impositiva del país.
Para los dueños de bares, restaurantes y licorerías, verificar la autenticidad de sus proveedores es ahora una cuestión de supervivencia operativa. Una sola inspección fallida puede costar más que el inventario completo, derivando incluso en la clausura definitiva del establecimiento.
En el contexto de la economía mexicana, fortalecer la estructura tributaria a través del control de bebidas alcohólicas es prioritario. La legalidad se traduce en una mejor inversión para el consumidor y en una garantía de estabilidad para el sector empresarial frente a la autoridad.
