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El mercado ilegal de cigarrillos se consolidó como uno de los principales riesgos económicos y regulatorios en América Latina, con implicaciones directas para México. Un estudio elaborado por KPMG revela que 31.9% de los cigarros consumidos en la región en 2025 fueron ilícitos, es decir, casi uno de cada tres.
El dato tiene un impacto no sólo de salud o de convergencia criminal, sino también económico. De acuerdo con David Bird, director asociado de KPMG, el consumo ilegal alcanzó 77 mil millones de unidades, generando pérdidas fiscales estimadas en u$s 8,500 millones para los gobiernos de América Latina y Canadá.
El impacto, dijo Bird en la presentación del reporte patrocinado por Phillip Morris International (PMI), es tanto para las empresas y los gobiernos. “El mercado negro ya no es marginal, sino estructural”, afirmó.
En este sentido, Marco Hannappel, director de PMI para América Latina y Canadá, afirmó que el mercado ilícito de cigarrillos requiere respuestas coordinadas entre gobiernos e industria.
Presión regulatoria y mercado paralelo en México
México forma parte de los 11 mercados analizados en el estudio y, aunque no lidera el ranking regional, sí enfrenta un entorno particularmente sensible.
KPMG refiere que en total, en 2025 se consumieron casi 39.4 mil millones de cigarrillos, de los que 9.2 mil millones fueron unidades ilícitas. Es decir, más de 23.3%.
Gerardo Esquivel, economista del Colegio de México, dijo en un panel de discusión en la presentación del reporte, que las fallas en política pública en el país facilitan la diversidad de los grupos criminales, que se mueven entre diferentes productos para obtener ganancias en los mercados negros.
“Sean productos de tabaco, bebidas alcohólicas, gasolina ilegal o huachicol, los consumidores son los afectados por la falta de control y los precios bajos pero ilícitos terminan pasando otros costos mayores, como salud o, en mayor medida, pérdidas fiscales para los gobiernos y de ingreso para las empresas, dijo Esquivel.
Por un lado, el país ha endurecido su política antitabaco, con prohibiciones amplias y mayores impuestos, pero por el otro, KPMG advierte que medidas fiscales abruptas y regulación estricta pueden incentivar la migración hacia productos ilegales cuando no van acompañadas de una aplicación efectiva del estado de derecho.
En términos de negocio, esto se traduce en un cambio en la demanda: el consumidor no necesariamente deja de fumar, sino que busca opciones más baratas fuera del mercado formal.
“La demanda de productos más baratos no desaparece, se desplaza hacia mercados ilegales”, señala el informe.
Un problema fiscal… y de seguridad
El impacto va más allá de las tabacaleras. El comercio ilícito erosiona directamente los ingresos públicos y fortalece economías criminales.
“Son recursos que podrían financiar salud, educación o infraestructura, pero terminan en manos del mercado ilícito”, afirmó Hannappel.
Además, el reporte vincula este mercado con otras actividades ilegales como contrabando y redes criminales lo que eleva el riesgo para países como México, donde la economía informal ya tiene un peso relevante.
Las pérdidas por el comercio ilícito de cigarrillos es, refiere KPMG, de u$s 1,314 millones.
Brecha entre industria y academia
Sin embargo, el tamaño real del problema en México sigue en debate. Si bien observadores independientes, como el propio Gerardo Esquivel, que fue subgobernador del Banco de México, afirman que hay coherencia en el reporte de KPMG y el consenso de la industria, otros reportes estiman niveles menores en el comercio ilícito de cigarrillos.
Es el caso de Global Tobacco Control, una organización independiente, refiere que, dependiendo de la metodología, el consumo de cigarrillos ilícitos en México varía entre 8% y 18% del consumo, muy por debajo de algunas cifras de la industria.
América Latina, foco global del contrabando
El informe de KPMG coloca a la región como el mayor punto crítico global, con niveles de ilegalidad más del doble del promedio mundial (15%).
Casos extremos como Panamá y Ecuador, donde el mercado ilegal supera el 80%, muestran el riesgo de desbalance entre regulación, precios y capacidad de control estatal.