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La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno con la deuda de Grupo Salinas encendió alertas por su posible impacto en otros expedientes que están por llegar hasta el máximo tribunal y que también involucran controversias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Samsung y maquiladoras, bajo la lupa por presunto IVA doble
Samsung Electronics mantiene un litigio por 6,714 millones de pesos, monto que el organismo público reclama por concepto de IVA no retenido entre 2019 y 2023. La empresa sostiene que el SAT pretende cobrar dos veces el mismo impuesto, a partir de una nueva lectura del programa IMMEX.
En paralelo, ocho maquiladoras exigen la devolución del IVA que ya pagaron bajo ese mismo esquema. De obtener un fallo favorable en la Corte, Suprema el SAT tendría que reembolsar alrededor de 46,000 millones de pesos.
Las compañías defienden la vigencia de las reglas del IMMEX, que permiten importar insumos de manera temporal sin pagar IVA, siempre que el producto final sea exportado. El conflicto surge con el uso del pedimento V5, que autoriza exportaciones “virtuales” —operaciones documentales en las que la mercancía permanece en territorio nacional por razones logísticas—, práctica que durante años fue validada por la autoridad.
Empresarios temen un patrón de cobros retroactivos
Para el SAT, este mecanismo fue utilizado de forma abusiva y generó evasión fiscal, por lo que desde 2019 modificó su interpretación y determinó que las mercancías deben pagar IVA por permanecer en México, aun cuando estén destinadas a exportación.
Especialistas advierten que este cambio podría consolidar un patrón de cobros dobles, similar al observado en el caso de Grupo Salinas. Coparmex alertó que, de confirmarse este criterio, cualquier empresa participante del IMMEX estaría expuesta a una carga fiscal injustificada.
Mientras algunos ministros respaldaron la postura empresarial por considerar que existe una ambigüedad jurídica real en la Ley del IVA, otros sostienen que fallar contra el SAT implicaría un daño significativo a las finanzas públicas.
Con la discusión pendiente y la llegada de nuevos ministros electos, el sector privado observa con nerviosismo lo que podría convertirse en una nueva etapa de mayor control fiscal y litigios millonarios contra grandes contribuyentes.