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Aunque pocas personas lo conocen, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México establece que el Gobierno capitalino debe impulsar programas para fomentar la vivienda en arrendamiento, con el objetivo de ampliar las opciones para quienes no pueden comprar una casa y brindar mayor seguridad a quienes rentan un inmueble. Esta obligación está prevista en el artículo 12, fracción VI, que ordena a la Secretaría promover esquemas y programas para la vivienda en alquiler.
La legislación también asigna esta responsabilidad al Instituto de Vivienda (INVI). De acuerdo con el artículo 13, fracción III, el organismo debe promover esquemas y programas para fomentar la vivienda en arrendamiento de interés social, con el propósito de ampliar el acceso a este tipo de vivienda para la población que requiere apoyo del Estado.
Además, los artículos 59 al 61 obligan al Gobierno de la Ciudad de México a crear programas de arrendamiento dirigidos, principalmente, a población vulnerable, con incentivos, facilidades administrativas y mecanismos que garanticen la certeza jurídica de la ocupación del inmueble. Incluso, la ley contempla la posibilidad de desarrollar programas de arrendamiento con opción a compra, una alternativa para facilitar el acceso futuro a una vivienda propia.
¿Qué establece la Ley de Vivienda sobre los programas de alquiler?
La normativa señala que los programas de vivienda en arrendamiento no solo deben promover una mayor oferta de inmuebles, sino también ofrecer reglas claras para proteger tanto a quienes rentan como a quienes participan en estos esquemas.
Asimismo, faculta al Instituto de Vivienda para proponer incentivos que impulsen la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
Entre las medidas previstas por la ley destacan:
- La creación de programas específicos para fomentar la vivienda en arrendamiento.
- El establecimiento de estímulos e incentivos para impulsar este tipo de vivienda.
- Procedimientos de seguimiento, control y evaluación de los programas.
- Esquemas que garanticen la certeza jurídica para las personas que ocupen los inmuebles.
- La posibilidad de otorgar facilidades administrativas y fiscales para promover la construcción de vivienda en renta.
- La implementación de programas de arrendamiento con opción a compra mediante convenios e instrumentos específicos.
Con estas disposiciones, la Ley de Vivienda busca que el arrendamiento deje de ser únicamente una alternativa privada y forme parte de la política pública habitacional de la Ciudad de México.
La intención es ampliar las opciones de acceso a la vivienda, especialmente para sectores vulnerables, mediante programas respaldados por el Gobierno y con mayores garantías legales para quienes alquilan.
¿Quién debe poner en marcha estos programas?
La responsabilidad recae en la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano y en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), que deben diseñar, implementar y coordinar los programas de arrendamiento previstos en la legislación. También pueden proponer incentivos y facilidades para fomentar la construcción de inmuebles destinados a la renta.
En ese sentido, la ley no crea un derecho automático para acceder a una vivienda en renta, sino que establece la obligación de las autoridades de desarrollar políticas públicas, programas e instrumentos que hagan más accesible el alquiler y otorguen mayor seguridad jurídica a quienes optan por esta modalidad de vivienda en la capital del país.
