La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, sentó un nuevo precedente histórico en materia de género al validar las normas que rigen a los Centros de Justicia para las Mujeres, CJM, en Chihuahua. A través de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 154/2021, el Pleno de la Suprema Corte confirmó que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género tiene la facultad legal de coordinar, supervisar y presidir el Consejo Consultivo de estos centros, blindando así un modelo de atención integral. Con este fallo la Suprema Corte ratificó la legalidad de la estructura operativa en el estado y estableció, además, un estándar de protección al declarar que los CJM deben funcionar con una autonomía técnica robusta. Con esta decisión, la justicia mexicana asegura que la transición hacia modelos de atención más especializados sea irreversible, permitiendo que las entidades federativas deleguen facultades de vigilancia y seguimiento para garantizar que ninguna mujer quede desamparada por trabas burocráticas. La validación del artículo 8 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Chihuahua permite que la Fiscalía Especializada mantenga el mando estratégico sobre los CJM. El Pleno concluyó que el hecho de que estos centros operen como órganos desconcentrados es plenamente “compatible con lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, lo que otorga certeza jurídica a las políticas locales de protección. Bajo este esquema, la capacidad de la Fiscalía para “controlar, vigilar, supervisar y dar seguimiento de las responsabilidades” de las dependencias que integran los centros se convierte en una herramienta vital. Es así como la Suprema Corte entendió que esta delegación de facultades no es un exceso administrativo, sino un ejercicio válido de atribuciones que busca optimizar el esfuerzo conjunto de la administración pública en favor de quienes buscan justicia tras ser víctimas de violencia de género. Más allá de la estructura jerárquica, el Máximo Tribunal enfatizó que la operatividad de estos centros depende directamente de su suficiencia presupuestaria y operativa. Los ministros señalaron de forma contundente que los estados tienen la obligación de “garantizar la autonomía técnica de los CJM”, asegurando que estos cuenten en todo momento con los recursos financieros, humanos y materiales que el contexto de crisis actual exige. Al ratificar que la especialización y la descentralización son caminos constitucionales válidos, la SCJN marca un antes y un después en la atención a mujeres víctimas por cuestión de género y dejan en claro que la atención a las mujeres víctimas de delito debe estar por encima de las disputas competenciales, priorizando siempre la eficacia del servicio brindado.