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La justicia laboral de México ha puesto un freno a las retenciones de créditos de vivienda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo determinante que establece que el Infonavit ya no podrá aplicar descuentos a los trabajadores que perciban el salario mínimo para el pago de sus deudas hipotecarias.
Esta resolución surge como una medida de protección al mínimo vital, asegurando que los empleados con los ingresos más bajos del país cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia sin que el pago de una casa comprometa su calidad de vida.
La SCJN busca proteger el salario de los trabajadores mexicanos
La decisión de la Segunda Sala de la Corte se fundamenta en que el salario mínimo es inembargable, salvo en casos muy específicos como pensiones alimenticias. Con este criterio, se determinó que cualquier retención realizada por el patrón para el pago de abonos al Infonavit es improcedente si el trabajador percibe el sueldo básico establecido por la ley.
De acuerdo con el máximo tribunal, el derecho a una vivienda digna no debe colisionar con el derecho a una alimentación y vida decorosa. Por ello, los patrones tienen prohibido descontar cuotas de los créditos de vivienda a aquellos empleados que se encuentren en este escalafón salarial, evitando que su ingreso neto caiga por debajo de la línea de bienestar.
¿Qué pasa con las deudas actuales y quiénes se benefician?
Esta medida representa un alivio financiero inmediato para miles de derechohabientes en México que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes debido a las deducciones de sus créditos. Es importante señalar que:
- El beneficio aplica exclusivamente para quienes ganan el salario mínimo vigente.
- Los descuentos que superen el excedente del salario mínimo también quedan bajo revisión judicial.
- Se busca evitar el sobreendeudamiento de las familias más vulnerables del país.
Para el sector empresarial, esta resolución implica una actualización en los procesos de nómina, ya que el incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones o demandas laborales. La protección del ingreso básico se coloca así por encima de las obligaciones financieras con el instituto de vivienda, marcando un precedente clave en la historia de los derechos laborales en México.
