En un fallo que generó atención inmediata en el ámbito jurídico y financiero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso el foco sobre un punto sensible: las cuentas bancarias. La decisión no solo revisó la legalidad de una reforma clave, sino que también abrió interrogantes sobre hasta dónde pueden llegar las autoridades cuando investigan operaciones financieras sospechosas. El tema impacta directamente en el sistema financiero y en la forma en que se persiguen delitos económicos. Aunque la resolución valida parte del nuevo esquema institucional, también marca límites claros. La Corte analizó el alcance real de las atribuciones otorgadas a una nueva fiscalía especializada, especialmente en lo relacionado con el control de recursos financieros. La discusión giró en torno a una medida que suele generar preocupación entre usuarios del sistema bancario: la inmovilización de cuentas. Lo que parecía una facultad clave para combatir delitos financieros terminó bajo revisión constitucional. El Máximo Tribunal determinó que no todo lo aprobado por el Congreso local podía mantenerse sin ajustes. La decisión redefine el equilibrio entre investigación penal, seguridad jurídica y facultades federales, y deja efectos que no pasan desapercibidos. La Suprema Corte validó la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León, confirmando que el Congreso estatal tenía facultades para reformar la ley y establecer un órgano dedicado a investigar delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Según el Tribunal, estas funciones son de naturaleza ministerial y no invaden atribuciones administrativas del gobierno estatal. Sin embargo, el punto más relevante del fallo fue otro. La Suprema Corte determinó que la facultad para inmovilizar cuentas bancarias otorgada a esta fiscalía era inconstitucional. El Tribunal señaló que esa medida corresponde al ámbito federal, ya que forma parte de las providencias precautorias previstas en la legislación nacional en materia penal. La resolución dejó sin efecto el último párrafo del artículo 33 Bis, al considerar que invadía competencias reservadas al Congreso de la Unión. Además, la decisión tendrá efectos retroactivos al 13 de febrero de 2024, fecha en que entró en vigor el decreto. Pese a la invalidez parcial, la Suprema Corte confirmó que la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera puede operar con normalidad dentro de sus funciones de investigación penal. El fallo también estableció que la reforma no vulnera facultades del Poder Ejecutivo estatal ni rompe principios de legalidad o seguridad jurídica. Esto significa que el nuevo organismo sí podrá investigar operaciones sospechosas y delitos financieros, pero no podrá ordenar por sí mismo el congelamiento de cuentas bancarias. Esa medida seguirá dependiendo del marco federal y de las autoridades competentes. El fallo marca un precedente sobre los límites entre facultades estatales y federales en materia financiera. También deja claro que la persecución de delitos económicos debe ajustarse estrictamente al marco constitucional, especialmente cuando se trata de medidas que afectan directamente a las cuentas bancarias.