El cobro de un requisito académico llegó hasta el máximo tribunal del país y terminó marcando un precedente para la educación pública. Lo que parecía un trámite interno universitario se convirtió en un debate constitucional sobre la gratuidad en la educación superior. La discusión no solo involucró a un estudiante de Derecho, sino al alcance mismo del artículo 3° de la Constitución. El caso obligó a revisar si ciertos cursos vinculados a la titulación pueden tener costo o deben ser gratuitos. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya tiene efectos concretos: ordena devolver el dinero pagado por un curso considerado necesario para cumplir con el requisito de titulación. La resolución redefine cómo debe entenderse la gratuidad en la educación pública. La decisión fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 527/2025, en sesión del 3 de marzo de 2026. El Pleno analizó el alcance de la reforma constitucional de mayo de 2019 al artículo 3°. El Máximo Tribunal determinó que la gratuidad en la educación superior debe extenderse a los elementos esenciales que permiten acreditar la licenciatura y obtener el título profesional. Además, recordó que esta obligación debe cumplirse de manera progresiva, evitando retrocesos. El caso concreto involucró a un alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), modalidad Universidad Abierta. El estudiante impugnó el cobro del “Curso de Comprensión de Lectura” exigido para liberar el requisito de titulación. En una primera instancia, un juzgado negó el amparo al considerar que existían otras opciones gratuitas. Sin embargo, la Corte concluyó que el curso sí impacta directamente en la obtención del título y no puede trasladarse esa carga económica al alumnado. Al conceder el amparo, la Suprema Corte ordenó a las autoridades de la Facultad de Derecho devolver el dinero pagado por el curso. La resolución reconoce los efectos académicos generados, pero exige restituir el monto erogado. El criterio fija que, como mínimo, los elementos indispensables para acceder a la titulación deben ser gratuitos. Esto incluye cursos que funcionen como medio efectivo para cumplir requisitos en condiciones de igualdad. La sentencia refuerza que el Estado debe garantizar: El fallo no elimina todos los cobros universitarios, pero sí establece un límite claro cuando se trata de requisitos esenciales para titularse. Con esta decisión, la Corte fortalece el principio de gratuidad en la educación pública superior en México.