

A partir de diciembre el estado de Veracruz ha implementado una medida drástica para garantizar los derechos de los menores: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció que los ciudadanos que presenten adeudos de pensión alimenticia no podrán tramitar ni renovar su licencia de conducir.
Esta disposición busca utilizar el documento de manejo como un mecanismo de presión administrativa para que los padres cumplan con sus responsabilidades económicas.
La normativa es una consecuencia directa de la aplicación del Artículo 135 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bajo este marco legal, el estado se alinea con las políticas federales que priorizan el bienestar de los infantes sobre los privilegios administrativos de los adultos.
El nuevo documento obligatorio para tramitar la licencia de conducir en Veracruz
Para llevar a cabo cualquier trámite relacionado con la licencia, los interesados deberán presentar obligatoriamente el certificado del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este documento es el único aval legal que acredita que el solicitante no tiene cuentas pendientes con sus hijos; sin este certificado que demuestre un historial limpio, el sistema bloqueará automáticamente cualquier intento de expedición del permiso de conducir.

El objetivo central de la Secretaría es reforzar el cumplimiento de las responsabilidades parentales. La licencia de conducir deja de ser un simple permiso de tránsito para convertirse en una herramienta de justicia social. Se busca que la presión de perder el derecho a manejar sea el incentivo suficiente para garantizar que los niños y adolescentes reciban la pensión que les corresponde por ley.
El impacto en la visibilización del problema
La activista Wendy López se ha pronunciado a favor de esta disposición, calificándola como una medida sumamente positiva para el estado de Veracruz. Para la defensora de derechos, exigir un certificado libre de deudas es un paso necesario para exponer la magnitud del problema de los deudores alimentarios, una situación que, asegura, es un fenómeno ampliamente conocido y normalizado en la entidad.
Aunque valora el cambio, la activista considera que este es solo un “paso pequeño” y que aún hace falta endurecer más las leyes para erradicar el incumplimiento. No obstante, reconoce que la medida ayuda a visibilizar la falta de compromiso de muchos progenitores, poniendo en la agenda pública la urgencia de proteger los derechos económicos de los menores dependientes.
Finalmente, este nuevo certificado se integra de manera permanente a los requisitos habituales del trámite en Veracruz. Con esta acción, el gobierno estatal asegura que quienes accedan al privilegio de conducir sean ciudadanos que están al corriente con sus obligaciones más básicas. La prioridad es clara: no habrá permisos de manejo mientras existan niños esperando el sustento que por derecho les pertenece.














