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El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma que reduce la jornada máxima semanal a 40 horas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026.
Con esta modificación al artículo 123 constitucional, las reglas del trabajo en el país cambian de fondo —y los patrones que no se adapten enfrentarán consecuencias económicas importantes.
¿Desde cuándo rige y cómo será la transición?
La reforma laboral ya tiene fuerza de ley, aunque su aplicación será escalonada. A partir de 2027, la jornada laboral se irá recortando dos horas por año, hasta alcanzar el tope de 40 horas semanales el 1 de enero de 2030. Este calendario progresivo da margen a empresas y trabajadores para organizarse sin golpes abruptos a la operación.
Lo que no admite negociación es la protección salarial: la ley prohíbe expresamente que los empleadores reduzcan sueldos o prestaciones como consecuencia de la reducción de horas. Trabajar menos no puede significar ganar menos.
El reloj checador ya no es opcional: así funcionará en todas las empresas
Uno de los cambios más concretos y vigilados de la reforma es la obligación de instalar un sistema electrónico de registro de jornada laboral en todos los centros de trabajo del país, sin importar su tamaño o giro.
Este dispositivo —conocido popularmente como “reloj checador”— deberá registrar con exactitud la hora de entrada, la hora de salida y cualquier tiempo adicional trabajado.
La clave está en ese último punto: cada minuto que un trabajador permanezca en sus funciones más allá del horario acordado deberá ser registrado automáticamente y, en consecuencia, pagado conforme a la ley. Ya no bastará con “compensar” el tiempo extra con salida anticipada otro día ni con promesas verbales. El registro electrónico lo documenta todo y ese registro podrá ser utilizado como prueba ante la autoridad laboral.
Multas de hasta 590,000 pesos para empresas que no cumplan
La reforma no se queda en buenas intenciones. Para los patrones que ignoren la nueva normativa y no paguen correctamente el tiempo extra trabajado, las sanciones económicas son contundentes: las multas por incumplimiento pueden alcanzar casi 590,000 pesos.
Las empresas que no instalen el sistema electrónico de registro, que manipulen los datos o que omitan el pago de horas extra quedan expuestas a estas penalizaciones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá facultades reforzadas para supervisar el cumplimiento, lo que convierte a esta reforma en una de las más exigentes en términos de fiscalización laboral en la historia reciente del país.