La discusión sobre las pensiones de altos funcionarios volvió a colocarse en el centro del debate público tras la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer límites a jubilaciones financiadas con recursos públicos. La propuesta busca reducir pensiones consideradas excesivas dentro de organismos del sector paraestatal; sin embargo, especialistas advierten que la medida podría enfrentar impugnaciones, ya que algunos afectados podrían argumentar que se trata de una aplicación retroactiva de la ley. Aunque existe la posibilidad de que el caso llegue a la Suprema Corte, expertos consideran poco probable que los reclamos prosperen. Las personas que resulten afectadas por la reducción de sus pensiones tendrían la opción de promover un amparo ante un juez de distrito. A partir de ese proceso judicial, el caso podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se plantean cuestiones constitucionales. Los expertos explican que uno de los argumentos centrales sería el principio de irretroactividad de la ley, el cual establece que una norma no debe aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. No obstante, los especialistas señalan que los tribunales podrían considerar que no se generan derechos adquiridos cuando las percepciones provienen de esquemas considerados desproporcionados o injustificados. La iniciativa surge luego de que el gobierno federal diera a conocer casos de jubilaciones muy superiores que el promedio nacional dentro de algunas empresas del Estado. De acuerdo con datos oficiales, en la extinta Luz y Fuerza del Centro se detectó que miles de extrabajadores reciben pensiones que van desde 100 mil hasta un millón de pesos mensuales. En varios casos, incluso, las jubilaciones superan el ingreso mensual de la propia titular del Poder Ejecutivo. Este tipo de percepciones generó críticas debido al impacto que representan para el presupuesto público y para la sostenibilidad financiera de las instituciones que las pagan. El proyecto enviado al Congreso de la Unión plantea que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos federales no podrán superar la mitad del salario establecido para la Presidencia de la República. El gobierno argumenta que la medida busca garantizar un uso responsable de los recursos públicos y evitar desigualdades dentro del sistema de pensiones del sector paraestatal. Aun así, algunos especialistas consideran que el debate debería ampliarse para analizar excepciones, como en el caso de científicos o personal médico que también dedicaron su trabajo al servicio del país.