El Gobierno de México activó una nueva ofensiva legislativa para fortalecer el combate a la corrupción desde su etapa más temprana. La estrategia pone el foco en la prevención y busca sumar a la ciudadanía como actor en la detección de irregularidades dentro de dependencias y organismos públicos. La iniciativa propone dar respaldo jurídico sólido a mecanismos que ya funcionan en la práctica, pero que hasta ahora operaban con lagunas normativas. Según la propuesta, esos vacíos legales fueron utilizados en distintos procesos para impugnar pruebas o frenar investigaciones, debilitando expedientes en tribunales. Con esta reforma, el Poder Ejecutivo apunta a cerrar esas grietas legales y blindar los procedimientos, con el objetivo de que las denuncias y las evidencias recabadas tengan mayor fuerza legal y no se diluyan por cuestiones técnicas. Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la formalización del llamado “usuario encubierto”. Se trata de una modalidad que permite a una persona colaborar con las autoridades para documentar posibles actos ilícitos desde adentro, sin revelar su identidad. Aunque esta herramienta ya se utilizó en distintos niveles de gobierno bajo esquemas como contribuyentes o trabajadores encubiertos, la falta de un marco jurídico sólido provocó que, en algunos casos, las pruebas obtenidas fueran cuestionadas o incluso invalidadas. Con la nueva regulación, la evidencia recabada por estos colaboradores tendría plena validez legal ante jueces y tribunales. Otro pilar del programa es la protección integral de quienes decidan denunciar actos de corrupción. Las autoridades reconocen que el temor a represalias es uno de los principales frenos para que empleados o ciudadanos reporten irregularidades. Por ello, la propuesta contempla garantías específicas de confidencialidad, discreción y seguridad. La idea es institucionalizar un esquema que resguarde la identidad del denunciante y establezca protocolos claros para prevenir cualquier tipo de represalia laboral, administrativa o personal. Si bien actualmente existen mecanismos para presentar denuncias anónimas, la reforma pretende convertir esa protección en un derecho respaldado por ley, con reglas más precisas y obligatorias para todas las dependencias.