En un evento histórico celebrado en la alcaldía Benito Juárez, Clara Brugada anunció la creación de la Defensoría Inquilinaria, un organismo público que transformará radicalmente las reglas del juego entre propietarios e inquilinos. Esta nueva instancia no solo mediará conflictos y garantizará rentas justas, sino que tendrá dientes: podrá sancionar legalmente a los dueños que incrementen los precios de manera abusiva o violen los derechos habitacionales. El anuncio llega en un momento crítico para la Ciudad de México, donde cerca del 40% de las viviendas operan bajo régimen de alquiler y miles de familias enfrentan aumentos desproporcionados, desalojos injustificados y contratos leoninos que las dejan en total indefensión. Durante la presentación oficial, la jefa de Gobierno detalló que la Defensoría Inquilinaria funcionará como un mecanismo jurídico con facultades reales para intervenir en el mercado de rentas. No se trata de una oficina más de quejas, sino de una instancia con capacidad legal para sancionar, mediar y garantizar el cumplimiento de derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios. De hecho, actuará como mediadora obligatoria en conflictos, supervisará la legalidad de los contratos y, lo más importante, tendrá atribuciones para imponer sanciones económicas y legales a propietarios que incrementen las rentas de manera abusiva o que incumplan con los requisitos establecidos por la ley. Además, ofrecerá escrituración gratuita de contratos, eliminando la informalidad que caracterizó este mercado y dejando registro legal de todas las transacciones. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, presentó datos que dimensionan la urgencia de esta reforma: aproximadamente el 40% de las viviendas en la Ciudad de México se encuentran bajo régimen de alquiler. Esto significa que millones de habitantes dependen de un mercado históricamente desregulado, donde los aumentos arbitrarios y la falta de protección legal fueron la norma. Con estos números sobre la mesa, la nueva Defensoría Inquilinaria se encargará de entregar gratuitamente contratos escriturados con validez legal, garantizando certidumbre jurídica para ambas partes. El objetivo es profesionalizar y transparentar un sector que ha operado durante décadas en zonas grises, dejando a los inquilinos completamente vulnerables ante abusos y a los propietarios sin mecanismos claros de protección de su patrimonio. La mandataria capitalina fue enfática al explicar que se implementará un programa robusto de subsidios dirigido específicamente a familias vulnerables que enfrenten riesgo inminente de desalojo por situaciones de desempleo, emergencias médicas o crisis económicas temporales. La Ciudad de México busca posicionarse como referente nacional en protección habitacional, garantizando que ninguna persona termine en situación de calle por incapacidad temporal de pago. Este programa de apoyo incluye intervención directa y oportuna de las autoridades en casos de desalojo injustificado, ofreciendo alternativas económicas y soluciones legales antes de que las familias pierdan su vivienda. La Defensoría Inquilinaria será el canal oficial para solicitar estos subsidios, recibir asesoría legal gratuita y acceder a mediación profesional en conflictos con propietarios. Las reformas legales impulsadas a través de la Defensoría Inquilinaria establecen requisitos obligatorios estrictos para los propietarios, incluyendo la instalación obligatoria de detectores de gas y humo en todas las viviendas rentadas, como medida de protección civil. Pero lo verdaderamente revolucionario es que ahora existirán consecuencias legales concretas, incluyendo multas económicas y sanciones administrativas, para quienes aumenten las rentas de manera desproporcionada o violen sistemáticamente los derechos de los inquilinos. La subsecretaria de Atención a Unidades Habitacionales, Guadalupe Chávez, explicó que esta nueva regulación corrige décadas de vulnerabilidad en el sistema y fortalece los mecanismos de protección civil y justicia habitacional. Con la Defensoría Inquilinaria operando a pleno, la capital mexicana envía un mensaje contundente al mercado: el negocio de los alquileres tendrá reglas claras, supervisión efectiva del gobierno y sanciones reales para quienes abusen de su posición como propietarios.