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Donald Trump anunció el regresó de la política conocida como “carga pública”, un mecanismo que habilita a negar la Green Card a extranjeros que hayan utilizado determinados beneficios sociales.
La medida quedó asentada este jueves en el Registro Federal de Estados Unidos y tendrá su publicación oficial el 20 de julio. No obstante, no comenzará a regir hasta el 18 de septiembre.
A partir de entonces, quienes aspiren a la residencia permanente deberán acreditar que no representaran una carga económica para el país.
“Carga pública”, una política que ya había regido en el primer mandato
No es la primera vez que se aplica esta herramienta. Fue introducida en febrero de 2020, hacia el final del primer periodo de Donald Trump, como parte de un paquete de restricciones a la inmigración ilegal.
Su reintroducción se da ahora en medio de una ofensiva más amplía contra la inmigración, tanto regular como irregular, y en un escenario donde el costo de salud y de los alimentos continúa en alza.
Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sostuvieron que el objetivo es fortalecer la autosuficiencia de quienes ingresan en el país y evitar que el uso de recursos públicos recaiga sobre los contribuyentes.
El organismo público lo describió como una restauración del principio según el cual los inmigrantes deben poder sostenerse económicamente por sí mismos.
Oficial: los beneficios sociales podrían impedirte obtener la Green Card en Estados Unidos
La ley migratoria de Estados Unidos ya contemplaba, desde antes, que los solicitantes de residencia probaran que no serían una carga pública. Lo que introduce la norma reactivada es una ampliación de los motivos por los cuales un trámite puede rechazarse.
A diferencia de una lista cerrada de beneficios, el texto no enumera de manera explícita qué programas sociales se considerarán a la hora de evaluar cada caso: serán los propios funcionarios de inmigración quienes definan, según el conjunto de circunstancias de cada solicitante, si existe riesgo.
Millones de inmigrantes dejarían de pedir ayuda por miedo a perder la Green Card en Estados Unidos
Manatt Health, una consultora que asesora a gobiernos estatales y federales en políticas de salud, calculó que la medida podría haber desalentado a cerca de 26 millones de personas a solicitar cobertura médica, asistencia alimentaria, vivienda u otros programas sociales para los que tenían derecho legal a acceder.
Según esa misma consultora, alrededor de la mitad de esas personas eran ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños o adultos que integran hogares de estatus migratorio mixto.
Un análisis de 2020 del Migration Policy Institute distinguió entre ese efecto disuasivo, que calificó de potencialmente muy amplio, y la cantidad real de personas que terminarían siendo inadmisibles por haber usado alguno de los beneficios alcanzados por la norma, que consideró acotada.
Según sus proyecciones, un máximo de 167.000 personas —menos del 1% de los 22,1 millones de no ciudadanos que vivían entonces en el país— podrían quedar fuera de la residencia permanente por ese motivo. La Oficina del Censo contabilizaba 22,8 millones de no ciudadanos en el país en 2023.
Organizaciones civiles remarcan que, más allá de los casos efectivamente rechazados, el mayor efecto de la norma pasa por el miedo: aseguran que en su aplicación anterior generó confusión y llevó a muchas familias, incluidos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, a no pedir beneficios sociales a los que tenían derecho.