El próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará sus elecciones de medio mandato, conocidas popularmente como midterms. Se trata de la primera gran cita en las urnas a nivel nacional desde los comicios presidenciales de 2024, y aunque el sillón del Despacho Oval no está en juego, los resultados definirán el margen de maniobra que tendrá Donald Trump durante sus últimos dos años en la Casa Blanca.
En estas elecciones se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado (35 de las 100 bancas).
Además, el mapa de poder estatal sufrirá modificaciones con la disputa de 36 gobernaciones, repartidas hoy de manera casi equitativa entre 26 administraciones republicanas y 24 demócratas, y se votarán miles de cargos legislativos y administrativos a nivel local.
Actualmente, el Partido Republicano ostenta lo que se conoce como “gobierno unificado”, manteniendo el control de ambas cámaras del Congreso. En el Senado conservan una ventaja de 53 a 47, mientras que en la Cámara Baja la diferencia es mucho más estrecha, con 219 escaños frente a los 214 de la oposición.
Para los demócratas, recuperar el control de la Cámara de Representantes requiere arrebatarle solo un puñado de bancas al oficialismo. Distintas encuestadoras de peso los posicionan como favoritos para lograrlo e, incluso, proyectan que podrían alcanzar su mayoría parlamentaria más holgada desde 2009. Este impulso opositor se apoya en el descontento de los electores frente al encarecimiento del costo de vida, las preocupaciones por la atención médica y el impacto de la guerra con Irán.
El panorama en el Senado, sin embargo, se presenta mucho más ajustado. La oposición necesita una ganancia neta de cuatro escaños para obtener la mayoría, y la definición estará sujeta a contiendas extremadamente competitivas en estados como Michigan, Texas, Ohio y Alaska, en lo que ya se proyecta como el ciclo electoral más caro de la historia por la masiva inyección de fondos de campaña.
En este tablero complejo, el estado de Georgia acapara todas las miradas. Convertido en el paradigma del territorio “bisagra”, este estado sureño le dio una ajustada victoria a Trump en 2024, pero su explosión demográfica y el alto porcentaje de población afroamericana amenazan con darle la espalda al oficialismo. Con el costo de vida como eje central del debate en los suburbios de Atlanta, los demócratas apuestan fuerte a retener allí sus bancas e intentar hacer historia en la disputa por la gobernación.
Junto a la población afroamericana de los estados del sur, el voto latino asoma como el árbitro definitivo a nivel nacional. Con más de 39 millones de electores potenciales, la comunidad hispana se consolidó como el principal bloque de votantes “oscilantes”, es decir, sin lealtad partidaria fija hacia republicanos o demócratas.
Según proyecciones de organizaciones civiles, la voluntad de los latinos determinará el resultado en al menos dos decenas de distritos competitivos en Texas, Florida, California, Arizona y Nevada.
Su influencia marca un claro quiebre: mientras que en 2024 apoyaron históricamente a Trump, hoy las encuestas advierten sobre un fuerte “voto arrepentido”, motorizado por la presión inflacionaria y el rechazo a las estrictas políticas migratorias de la actual administración.
La alta polarización ya se refleja en la movilización temprana. Los primeros indicios marcan que la participación ciudadana podría rozar cifras récord para una elección de medio término.
Más de 32 millones de estadounidenses, entre ellos el Papa León XIV, ya emitieron su voto de forma anticipada, ya sea por correo o de manera presencial. No obstante, los analistas advierten que estos electores suelen ser de mayor edad, por lo que los resultados de las contiendas más cerradas tardarán días en confirmarse.
El escenario que surja de las urnas será determinante para la gobernabilidad del país. Si los republicanos logran retener el Congreso, Donald Trump tendrá vía libre para acelerar su agenda interna, nombrar jueces afines y profundizar su política comercial y exterior de cara al 2028.
En cambio, si los demócratas recuperan al menos una de las cámaras, el “gobierno dividido” regresará a Washington. Esto obligará a la Casa Blanca a negociar cada proyecto clave y le otorgará a la oposición el poder institucional para bloquear leyes presupuestarias y abrir duras investigaciones parlamentarias contra la administración oficialista.