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Brasil avanza con un paquete de medidas para reforzar el control de las cuentas públicas. El Proyecto de Ley Complementaria 299/2026 fue presentado por el senador Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores, a pedido del Poder Ejecutivo, y tiene como relator en el Senado a Eduardo Braga.
La iniciativa cambia el Régimen Fiscal Sostenible y amplía las herramientas de gestión presupuestaria y financiera del Gobierno para cumplir las metas fiscales.
El Senado aprobó el texto base el 12 de noviembre por 45 votos contra 31, pero la votación todavía se encuentra inconclusa. Este martes 17 debe resolver cuatro destaques, es decir, pedidos para someter a votación separada determinados puntos del proyecto. Una vez completado el trámite en el Senado, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados.
Según los cálculos del Poder Ejecutivo incorporadas al análisis de la Consultoría de Presupuesto del Senado, las medidas podrían mejorar entre R$ 45.100 millones y R$ 56.100 millones el resultado primario de 2027.
Este indicador refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de los intereses de la deuda pública. La Consultoría aclara que esa estimación corresponde al texto analizado antes de los cambios incorporados durante la votación.
El límite al crecimiento del gasto
Uno de los principales cambios alcanza al límite de crecimiento real de los gastos federales. El régimen fiscal vigente permite un aumento real de hasta 2,5% y el proyecto reduce ese límite a 2% a partir de 2027, en los ejercicios en que se adopten las medidas de contención previstas en la iniciativa.
El proyecto amplía los casos en los que el Gobierno puede bloquear temporalmente parte de los gastos previstos en el Presupuesto. La medida podrá aplicarse cuando la proyección del resultado primario todavía se encuentre dentro del rango permitido por la meta fiscal, pero por debajo del objetivo central.
En ese caso, el Gobierno podrá reducir la ejecución de determinadas partidas para acercar el resultado al objetivo previsto.
A su vez, el proyecto permite que determinados recursos que queden disponibles por un contingenciamiento voluntario sean destinados a inversiones estructurantes en el ejercicio siguiente, bajo las condiciones fiscales previstas en la norma.
¿Menos beneficios fiscales?
El paquete también profundiza el recorte de algunos incentivos fiscales. El proyecto suma una reducción del 10% a la que ya estaba prevista por la legislación vigente, por lo que, para los incentivos alcanzados por ambas medidas, la baja acumulada llega al 20% del valor original.
Pero hay excepciones
La medida no alcanza a todos los casos. Quedan afuera determinados beneficios para los sectores de tecnología de la información y semiconductores, además de los vinculados con la compra de vehículos por personas con discapacidad o con trastorno del espectro autista.
Según los cálculos incluidos en el análisis del Senado, el recorte adicional podría aportar R$ 15.000 millones al resultado primario de 2027. El proyecto también pone un límite a determinados beneficios del Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de la Infraestructura (Reidi).
El límite a las compensaciones tributarias
Otra de las medidas restringe la posibilidad de usar créditos a favor del contribuyente para cancelar deudas impositivas.
El proyecto habilita al Poder Ejecutivo a reducir el monto de esos créditos que las empresas pueden aplicar contra determinados impuestos administrados por la Receita Federal, dentro de las condiciones previstas por la norma.
Según los cálculos de la Consultoría de Presupuesto del Senado, esta medida podría mejorar el resultado primario de 2027 entre R$ 12.800 millones y R$ 18.300 millones. El punto todavía puede cambiar porque forma parte de uno de los cuatro destaques que el Senado debe votar por separado.
Menos transferencias a estados y municipios
El proyecto también cambia el calendario de transferencias de la Nación a los estados y al Distrito Federal vinculadas con la Ley Kandir.
El texto base reduce de R$ 4.000 millones a R$ 1.000 millones anuales los desembolsos previstos entre 2027 y 2030. La diferencia se mantiene como una obligación futura: el proyecto establece que los montos que dejen de transferirse serán pagados en cuotas desde el ejercicio siguiente y hasta 2037.
Por lo tanto, se trata de un diferimiento de transferencias. La Consultoría del Senado calcula que entre 2027 y 2030 los estados recibirían R$ 12.000 millones menos durante esos cuatro años, aunque esos recursos serían transferidos posteriormente según el cronograma previsto.
Este punto forma parte de los cuatro destaques pendientes. También está entre ellos el límite de R$ 3.000 millones anuales entre 2027 y 2030 para la compensación previsional entre el Régimen General de Previsión Social y los regímenes propios de estados y municipios.
Qué plantea sobre los supersalarios
El proyecto incorpora una disposición vinculada con las remuneraciones del sector público que exceden el techo constitucional.
La iniciativa fija un plazo de 120 días para que el Congreso trate la regulación de las llamadas verbas indemnizatorias, vinculadas con pagos que pueden quedar fuera del límite remuneratorio del sector público. El proyecto también contempla reglas sobre el destino de los recursos que eventualmente se ahorren con esa regulación.
La disposición deja para una regulación posterior la definición de esos límites y el tratamiento de los pagos adicionales. El proyecto fija el plazo para que el Congreso avance con esa regulación, pero deja sin previsión una consecuencia específica en caso de incumplimiento del plazo.
Qué gastos quedan protegidos
El proyecto establece excepciones a los mecanismos de contingenciamiento. Entre las partidas protegidas aparecen las obligaciones constitucionales, que incluyen beneficios previsionales, el Beneficio de Prestación Continua, conocido como BPC, gastos de personal y los pisos constitucionales de salud y educación. También quedan exceptuados el servicio de la deuda y determinados gastos de innovación y desarrollo científico y tecnológico financiados por fondos creados para ese fin.
El texto también amplía el universo de gastos del Poder Ejecutivo que pueden quedar sujetos a una limitación temporal de la ejecución cuando estén condicionados por la disponibilidad presupuestaria o por un límite fijado en la legislación o en la ley de Presupuesto. Se trata de una restricción a la ejecución de esos gastos, en vez de una eliminación definitiva.
De esta manera, las principales medidas del paquete se concentran en el límite de crecimiento del gasto, el contingenciamiento, determinados beneficios tributarios, las compensaciones fiscales y el calendario de algunas transferencias a los gobiernos subnacionales.
Qué falta para que avance
El Senado debe completar este martes la votación de cuatro destaques que quedaron pendientes después de la aprobación del texto base. Entre ellos están las disposiciones sobre las transferencias de la Ley Kandir, el límite a la compensación previsional y la reducción de las compensaciones tributarias.
El cuarto corresponde a la Emenda 40, presentada por el senador Rogério Marinho. El texto de esa enmienda propone, entre otros cambios, una autorización para que el Poder Ejecutivo pueda desvincular hasta 40% del superávit financiero del ejercicio anterior de fuentes legalmente vinculadas, con destino al cumplimiento de la regla de oro.
La autorización había sido incluida en una versión anterior del proyecto, pero fue retirada del texto base aprobado el 12 de noviembre. La documentación de la Consultoría de Presupuesto del Senado identifica esa medida como uno de los puntos pendientes de votación y señala que, si la Emenda 40 es aprobada, reintroducirá esa autorización.
La Consultoría también mantiene una estimación de mejora de hasta R$ 100.000 millones en el margen de la regla de oro, asociada a la desvinculación de recursos que componen el superávit financiero. Ese cálculo tendría correspondencia con el texto solamente en caso de aprobación de la enmienda.
Una vez que el Senado complete la votación, el PLP 299/2026 pasará a la Cámara de Diputados, donde el texto todavía podrá ser modificado durante su tratamiento legislativo.