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Una exempleada del Poder Judicial de Río Negro que fue despedida tras descubrirse que tenía tres trabajos de manera simultánea acordó una probation en la causa penal que se inició en su contra por presunta defraudación contra la administración pública.
La mujer se desempeñaba en los tribunales de Cipolletti y, mientras mantenía ese puesto, también percibía ingresos de la Municipalidad de San Martín de los Andes y de una obra social. Como consecuencia de la situación, el Poder Judicial dispuso su despido, reclamó la devolución de más de $45 millones y realizó una denuncia penal.
Ahora, en el marco de la causa, deberá cumplir una serie de pautas de conducta y realizar un pago adicional de $500.000 para acceder a la suspensión del juicio a prueba y evitar que el proceso avance hacia un debate oral.
La identidad de la exempleada se mantiene en reserva. El juez de Garantías Juan Puntel resolvió preservar sus datos personales luego de que la mujer presentara documentación médica y solicitara que no fueran difundidos datos vinculados con su estado de salud.
Tenía tres trabajos al mismo tiempo
La investigación comenzó a partir de una actuación administrativa interna del Poder Judicial. Allí se detectó que la mujer había utilizado diferentes licencias para ausentarse de su puesto mientras, durante esos mismos períodos, desarrollaba actividades laborales en otras instituciones y cobraba remuneraciones de manera simultánea.
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Diego Vázquez, la exempleada primero fue incorporada a la Municipalidad de San Martín de los Andes, donde trabajó entre junio y octubre de 2022.
Posteriormente, en octubre de ese año, comenzó a trabajar para la Obra Social de Petroleros Privados, donde permaneció hasta agosto de 2024.
La fiscalía sostuvo que estas actividades se desarrollaron mientras la mujer continuaba vinculada laboralmente con el Poder Judicial y hacía uso de distintas licencias.
La normativa que regula el empleo judicial en Río Negro establece que sus integrantes no pueden ejercer otros cargos o actividades remuneradas, con algunas excepciones vinculadas principalmente a tareas académicas.
Según la investigación penal, la mujer habría actuado con conocimiento de esa prohibición y habría generado un perjuicio para la administración pública. La fiscalía calculó que hasta el 31 de enero de 2025 había percibido de manera indebida un total de $20.669.213,51.
El Poder Judicial reclamó más de $45 millones
La investigación administrativa avanzó por una vía independiente de la causa penal. En ese expediente, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro determinó el perjuicio económico y resolvió la cesantía de la empleada.
Además, estableció que debía devolver $45.278.300,45 al Estado. La cifra contempló tanto los salarios percibidos durante los períodos cuestionados como los intereses correspondientes.
La exempleada propuso cancelar la deuda en cuatro cuotas mensuales. Cumplió con el pago de las dos primeras dentro de los plazos establecidos y posteriormente anticipó las restantes, por lo que terminó de reintegrar el monto reclamado.
A fines de 2025, luego de que se completara la devolución, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dio por finalizada su intervención en el expediente administrativo. El organismo había comenzado a investigar el caso después de recibir una comunicación del Superior Tribunal de Justicia sobre una posible afectación de fondos públicos.
Qué acordó para evitar el juicio
La devolución del dinero no puso fin a la investigación penal. La exempleada continuó imputada por el delito de defraudación contra la administración pública y solicitó la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.
El pedido fue aceptado y el acuerdo establece una serie de condiciones que deberá cumplir durante el período fijado por la Justicia. Si respeta todas las obligaciones, la causa podrá finalizar sin llegar a un juicio oral.
Entre las principales pautas de conducta se encuentra la obligación de fijar un domicilio y comunicar cualquier modificación, además de abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes.
También deberá someterse al seguimiento de la oficina especializada en suspensiones de juicio a prueba de Neuquén, debido a que actualmente reside en esa provincia.
A esto se suma una reparación económica de $500.000, que deberá pagar en dos cuotas consecutivas de $250.000. La primera tuvo vencimiento el 15 de julio y la segunda deberá abonarse antes del 15 de agosto de 2026.
El dinero será destinado al Jardín de Infantes N.º 15 Valle de Ensueño de Cipolletti.
Si la exempleada cumple con todas las condiciones establecidas durante el período de probation, la causa penal podrá extinguirse y no será necesario realizar el juicio.
Por qué se mantiene su identidad en reserva
Cuando el Superior Tribunal de Justicia resolvió su cesantía, la resolución administrativa había sido difundida con el nombre completo y los datos personales de la trabajadora.
Sin embargo, la situación fue diferente en el expediente penal. La exempleada presentó un certificado médico y pidió que su identidad fuera preservada.
El juez de Garantías Juan Puntel hizo lugar al pedido y ordenó mantener la reserva de sus datos personales por motivos relacionados con su salud mental.
De esta manera, mientras la investigación administrativa ya concluyó tras la restitución del dinero, la causa penal continuará bajo las condiciones establecidas en la probation. El cumplimiento de esas pautas será determinante para definir si finalmente el proceso queda extinguido sin llegar a juicio.