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Un crédito personal solicitado en 2009 por un vecino de Bahía Blanca terminó generando consecuencias inesperadas para su familia muchos años después. Luego del fallecimiento del deudor, la Justicia resolvió que los herederos deberán afrontar el pago de la obligación pendiente, junto con los intereses acumulados durante un extenso período.
La decisión fue adoptada en el marco de un expediente tramitado en el fuero civil y comercial, donde se hizo lugar al reclamo de la entidad que había garantizado parte del préstamo. De esta manera, el caso volvió a poner el foco sobre el alcance de las deudas hereditarias y la responsabilidad que pueden asumir los sucesores.
Cómo nació la deuda que terminó en un reclamo judicial
El origen del conflicto se remonta a 2009, cuando el hombre obtuvo un préstamo de $9000 en una sucursal del Banco Provincia de Bahía Blanca. Para acceder al financiamiento contó con el respaldo del Fondo de Garantía de Buenos Aires (FO.GA.BA. SAPEM), una sociedad creada para facilitar el acceso al crédito mediante garantías.
La entidad respondió por el 75% del monto solicitado, equivalente a $6.750. Como el préstamo no fue cancelado en su totalidad, la sociedad debió hacerse cargo de esa parte ante el banco y posteriormente inició acciones judiciales para recuperar el dinero desembolsado. Tras la muerte del titular en 2024, el reclamo continuó contra sus herederos, quienes fueron notificados, pero no comparecieron en el expediente.
Qué resolvió la Justicia y qué deberán afrontar los herederos
La jueza María Fernanda Arzuaga, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Bahía Blanca, resolvió hacer lugar al pedido de FO.GA.BA. SAPEM. En consecuencia, los herederos deberán abonar los $6.750 correspondientes a la garantía ejecutada, además de los intereses acumulados desde junio de 2009.
La sentencia también establece que los sucesores responderán únicamente hasta el límite del patrimonio recibido a través de la sucesión, sin comprometer sus bienes personales. Además, deberán hacerse cargo de las costas del proceso judicial. El fallo quedó registrado oficialmente a mediados de julio y prevé un plazo de diez días para cumplir con el pago una vez que la resolución adquiera firmeza.