La industria del juicio provocó un "aluvión judicial" por casi 7 millones de salarios mínimos

El Sistema de Riesgos del Trabajo cumple 29 años de funcionamiento ininterrumpido, pero está bajo amenaza. Sólo en el último año, la industria del juicio impulsó demandas por el equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, una judicialización sin control que pone en jaque un sistema que ya salvó 19.000 vidas y protege todos los días a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores.

Gracias al esfuerzo conjunto de sus cuatro pilares -empleadores, trabajadores, aseguradoras y Estado- en estas tres décadas el sistema consolidó una red de cobertura exitosa y logró resultados concretos:

• Una reducción del 81% en la mortalidad laboral, con 19.000 vidas salvadas.
• Una baja del 55% en la siniestralidad, evitando 4,7 millones de accidentes.
• Una caída en la gravedad del 39%.

No son solo estadísticas: son personas, empresas y familias protegidas por un sistema que funciona. Sin embargo, esta construcción social virtuosa atraviesa una crisis silenciosa: la judicialización descontrolada amenaza su sustentabilidad.

Solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas, lo que implica más de 10.000 juicios por mes.

Lideran este fenómeno la Provincia de Buenos Aires (40% de las causas), CABA (19%) y Santa Fe (14%), con crecimientos preocupantes en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis.

Esa litigiosidad está desconectada de todas las variables: del empleo, de la actividad, de los indicadores de siniestralidad y de cobertura que tiene el sistema y de lo que sucede en el mundo con sistemas similares.

El verdadero "costo argentino"

Algunos números para tener dimensión del impacto negativo de la litigiosidad en el costo laboral argentino, y cómo esto tiene un impacto directo en la creación de empleo.

Desde junio de 2024 a mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. Considerando el valor de sentencia promedio y el valor del SMVM a junio de 2025 ($ 313.400.-), la litigiosidad anual representa 6.891.653 salarios mínimos. Esto también es el "costo argentino".

Esta avalancha judicial no responde a un incremento de accidentes ni a un deterioro del servicio. Por el contrario, se produce en un contexto de mejora continua de las prestaciones y reducción de siniestros.

¿Cuál es entonces el detonante? La combinación de pericias médicas judiciales infladas -que superan en promedio en 12,5 puntos el Baremo vigente- y tasas de interés judiciales desproporcionadas que convierten cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo.

"La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos países, con atención médica integral sin costo adicional, actualizaciones automáticas y compensaciones para todas las incapacidades, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento", advierte Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Bettiol advirtió que "Al stock de 290.000 juicios a dic 2024, se suma el flujo estimado de 130.000 juicios para 2025. No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo".

Un eslabón suelto: la Justicia

La Ley 27.348 de 2017 prevé la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes.

Ocho años después, salvo excepciones parciales como Mendoza, 17 provincias adheridas a la norma -incluyendo CABA- aún no los han implementado. En su lugar, las pericias judiciales se determinan sin control ni estándares de ningún tipo y los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad asignado, alimentando un circuito perverso de incentivos.

Las provincias que sí cuentan con peritos dependientes del poder judicial - como Salta y Río Negro- exhiben índices de litigiosidad notablemente inferiores a los de sus vecinas con condiciones socioeconómicas similares.

La experiencia demuestra que, cuando se implementan los CMF, el sistema recupera equilibrio.

30 años, una meta compartida

Hoy, a las puertas del trigésimo aniversario, el Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta el desafío más complejo desde su creación.

Todos los actores - empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado regulando y fiscalizando- han cumplido su parte. Solo resta que el Poder Judicial complete el último eslabón para que esta política pública exitosa no se vea truncada por intereses ajenos a su propósito.

Desde la UART, reafirmamos nuestro compromiso con un sistema que cuida, repara y previene. Apostamos a que en 2026 podamos celebrar tres décadas de logros, con un modelo más justo, previsible y sostenible. Un modelo que, lejos de colapsar por inacción, sea el punto de partida para ampliar derechos y generar más trabajo de calidad en la Argentina que viene.