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Dos integrantes de la Policía bonaerense terminaron presos por pedir coima a conductores en la vía pública, una práctica delictiva recurrente que afecta a diario a cientos de automovilistas en los controles de tránsito. Los sospechosos aprovechaban faltas menores en los vehículos para solicitar pagos inmediatos y evitar multas.
La causa judicial comenzó a partir de transferencias bancarias directas realizadas por las víctimas afectadas. Los montos exigidos por los agentes terminaban en cuentas asociadas a plataformas electrónicas de pago. Ese rastro financiero permitió a la Justicia confirmar el mecanismo de cobro ilegal y concretar los arrestos.
Los policías investigados y cómo extorsionaban
Los arrestados tienen 29 y 38 años y se desempeñaban en el Comando Patrulla de la zona oeste del conurbano. Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en sus viviendas particulares ubicadas en los partidos de Morón y Merlo. Durante el operativo también también cayó un joven de 30 años que funcionaba como presunto testaferro de la banda.
El tercer involucrado prestaba su cuenta personal para recibir el dinero de los conductores chantajeados. En un solo día concretaron dos extorsiones de $ 100.000 pesos cada una bajo amenazas de secuestro vehicular. La banda apuntaba a choferes con falta de patente, vidrios polarizados o presunto estado de ebriedad.
Los procedimientos de captura incluyeron una inspección profunda en la misma sede policial del Comando. La Policía Federal secuestró cuadernos de guardia y libros de patrullaje para sumar elementos probatorios a la causa. El fiscal interviniente reunió testimonios de automovilistas perjudicados que ratificaron la maniobra ilícita en la vía pública.
¿Cómo sigue la investigación y la situación de los implicados?
La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó de inmediato a los imputados. Los involucrados permanecen presos mientras el Juzgado de Garantías resuelve sus pedidos de excarcelación. La fiscalía analiza nuevas denuncias para determinar si existían más integrantes dentro de la misma patrulla.
El expediente penal suma cargos por extorsión reiterada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los peritos informáticos revisan los teléfonos celulares incautados para rastrear llamadas y más transferencias bancarias. La Justicia busca identificar a otras posibles víctimas que hayan cedido ante la presión de estos agentes.
El proceso judicial avanza hacia el dictado de la prisión preventiva para todos los acusados. Las defensas presentaron escritos solicitando la morigeración de las medidas cautelares adoptadas por el tribunal. El juez del caso fundamentó la continuidad de las detenciones debido al riesgo latente de entorpecimiento probatorio.