El gobierno de Estados Unidosactivó un nuevo programa piloto que modifica las condiciones de ingreso para ciudadanos de 19 países.
A partir de este mes, quienes soliciten visas de turismo o negocios deberán pagar entre u$s 5.000 y u$s 15.000. La medida busca frenar las estadías ilegales y se aplicará durante un período de prueba de 12 meses.
La iniciativa fue anunciada por el Departamento de Estado y se publicará en el Registro Federal. El depósito funciona como garantía: si el visitante cumple con los plazos de permanencia autorizados, recupera el dinero. En caso de quedarse más tiempo del permitido, lo pierde.
¿Qué países están afectados?
El programa apunta a ciudadanos de países que, según el gobierno estadounidense, presentan altos índices de permanencia irregular o dificultades para verificar la información migratoria. Entre los afectados hay naciones africanas, países con mayoría musulmana y gobiernos de izquierda como Cuba y Venezuela.
Además, se restringió el acceso a visas para estudiantes de ciertas nacionalidades, en línea con las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, quien volvió al poder en enero y endureció los controles fronterizos.
¿Qué busca el gobierno con esta medida?
Según datos del Departamento de Seguridad Interior (DHS), en el año fiscal 2023 se registraron más de 565.000 casos de estadías prolongadas, lo que representa el 1,45% del total de visitantes no inmigrantes. El 98,55% restante salió del país en tiempo y forma.
Con esta fianza, el gobierno busca reducir ese porcentaje y garantizar que los turistas y empresarios respeten los términos de su visa. La medida también apunta a mejorar el control migratorio en países donde el seguimiento de los viajeros es más complejo.
¿Cómo funciona el sistema de fianza?
El depósito se paga al momento de solicitar la visa y se devuelve si el visitante sale del país dentro del plazo autorizado. El monto varía entre 5.000 y 15.000 dólares, según el perfil del solicitante y el país de origen. El programa se aplicará tanto a visas B-1 (negocios) como B-2 (turismo).
Aunque el Departamento de Estado no dio detalles adicionales, se espera que la medida genere impacto en los flujos migratorios y en la planificación de viajes desde los países afectados.