Difícilmente haya en el mundo país más celoso de su soberanía que México, así como también es cierto que cuesta encontrar otro país que resguarde tanto la libertad individual como los EE.UU.
Sin embargo, ambos países han adaptado sus concepciones en ambos campos a la nueva realidad de la lucha contra el flagelo del narcotráfico, y así, en apariencia, han cedido en algo sus principios absolutos en aras del bien común, colocando por encima de todo en su agenda bilateral este tema tan acuciante.
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, en su reciente visita a México dio un paso decisivo en el combate contra el narcotráfico al anunciar que su gobierno destinará recursos para equipar a la policía mexicana de forma de fortalecer su capacidad de combate contra los poderosos carteles de la droga. Este ofrecimiento fue acompañado por el reconocimiento de que los narcotraficantes están motivados por la demanda de drogas ilegales en EE.UU. y que, además, están abastecidos de armas por su transporte de EE.UU. a México.
Este cuadro de adaptación a las circunstancias acompañado de un crudo sinceramiento, debe servirnos de lección a todos los que de una u otra manera queremos que en nuestro país se avance en el combate al narcotráfico.
A partir de las decisiones que están tomando, lejos de perder soberanía, México fortalece su estado de derecho al ponerse en mejores condiciones para derrotar las bandas de narcos que intentan avanzar en el control de su territorio, mientras que EE.UU. afianza las libertades individuales al robustecer la conciencia de sus ciudadanos acerca de las razones últimas del avance del narcotráfico.
De igual manera, en nuestro medio, ni las provincias ni los municipios debieran sentir menoscabadas sus funciones si una fuerza federal se hiciese cargo de manera frontal y directa de la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, como así tampoco, la ciudadanía en general debiera considerar heridas sus libertades, si se imponen controles urbanos que faciliten el accionar del Estado contra el tráfico de drogas.
El ‘poder paralelo’ que intenta ejercer el narcotráfico debe ser enfrentado con decisión y firmeza si se quiere preservar a largo plazo la soberanía del Estado sobre su territorio y las libertades individuales de los ciudadanos.
En nuestro país, las actuales competencias de la Secretaría de Lucha contra la Droga (Sedronar) le imponen un carácter dual a sus funciones que mezclan la prevención del delito del narcotráfico, sin poder de policía, con la atención de adicciones, impidiéndole desplegar una acción enteramente eficaz en ambos campos.
La creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, el Delito Transnacional y el Crimen Organizado serviría al propósito de avanzar hacia la consolidación de los esfuerzos que se están haciendo por controlar el avance de estas modalidades delictivas.
