El Gobierno ha dado su primer paso para dar respuesta a la demanda social por una política de seguridad. Lo ha hecho urgido por las circunstancias y la presión. Sin la tragedia de Axel Blumberg muy probablemente no hubiéramos tenido la oportunidad que hoy se nos presenta.
Una primera lectura de las medidas anunciadas deja más interrogantes que respuestas. Primero, no se ha reconocido en plenitud la emergencia que vive el país en materia de inseguridad. No se ha hecho uso integral de las facultades que otorga al Poder Ejecutivo Nacional la Ley de Seguridad Interior, algo que hubiera permitido de inmediato un redespliegue de las fuerzas de seguridad para combatir de lleno el delito.
Segundo, la heterogeneidad de las medidas dista de representar por sí mismo una verdadera política de seguridad. Para que así fuera, debería haber contado con una lógica operativa concreta que vertebrara el accionar del Estado en materia policial, judicial, penitenciaria y social, aportando precisiones acerca de cómo el Estado se propone recuperar los territorios tomados por la delincuencia aquí y ahora.
Finalmente, la propuesta hace eje sobre cuestiones cuya maduración recién rendirá sus frutos en el mediano plazo y son de compleja instrumentación, particularmente porque avanza en una redefinición de roles en la relación entre la Nación y las provincias de difícil consenso.
Pese a estos interrogantes, el solo hecho de que el Gobierno reaccionara frente a la temática de la inseguridad luego de diez meses de haberla eludido, nos abre una expectativa que todos los ciudadanos debemos asumir con responsabilidad aportando nuestras ideas para que finalmente la Argentina recupere la paz que todos anhelamos.
