Hoy el país está en condiciones de retomar el sendero de la expansión económica. La crisis internacional parece haber encontrado un valle y las fuerzas productivas internas están esperando un contexto de política que las haga despegar. Al mismo tiempo, no sólo el Gobierno sino la sociedad argentina están abriendo una instancia de diálogo que en principio debería garantizar que no se repitan los errores que, en parte, nos han llevado a la actual situación. Una condición para ello es debatir las opciones de política económica que se nos presentan. Parecen existir dos esquemas antitéticos para enfrentar la crisis y distintas alternativas intermedias. Por un lado, tenemos a aquellos que enfatizan en la necesidad de reconstruir la confianza como paso previo a acceder a una mayor y mejor financiación para sostener el gasto público y dar previsibilidad a la política fiscal; al mismo tiempo que se liberan los precios y se bajan las retenciones al sector agropecuario como modo de dar alicientes a la inversión privada. Por el otro, a aquellos que sostienen la necesidad de adoptar medidas de reactivación fiscal y monetaria aceptando desequilibrios juzgados transitorios; acompañándolas con un tipo de cambio alto para mejorar la competitividad productiva y acuerdos de precios y salarios a fin de reducir las presiones inflacionarias.

Estos dos esquemas se presentan la mayoría de las veces como irreconciliables pero, dejando de lado consideraciones políticas o ideológicas y teniendo en cuenta solamente los problemas a solucionar, son, en realidad, complementarios. En principio, no parece lógico sostener políticas fiscales y monetarias expansivas en un momento de dolarización de las carteras. Si no se reconstituye la confianza no hay manera de que ellas impacten plenamente en la actividad económica. Por otra parte, una liberación de precios y salarios con la desaparición de las retenciones requeriría un ancla monetaria o fiscal para evitar una espiral inflacionaria, lo que agravaría las presiones recesivas, el desbalance fiscal y la pérdida de competitividad del sector industrial. En estas condiciones confiar en que se produciría un aumento de la inversión privada necesario para quebrar el ambiente recesivo constituiría una mera expresión de deseos. Así que reaparece la necesidad de la expansión monetaria y fiscal. En este punto podría razonarse que para la formación de las expectativas lo que debería interesar es el equilibrio presupuestario de pleno empleo, que es lo que persigue esa expansión monetaria y fiscal. Lo que significa que un déficit presupuestario es tolerable en la medida que si se recalculan los ingresos que corresponden al pleno empleo el mismo desparecería. Es decir, existe un cierto déficit fiscal tolerable en condiciones de recesión que posibilita políticas anticíclicas. Perseguir en forma permanente un equilibrio fiscal simplemente empeora las cosas. Al mismo tiempo se podría argumentar que la mayor actividad económica aumentaría la demanda de dinero local. Sin embargo estos razonamientos, completamente legítimos, no son de ninguna manera suficientes para quebrar la actual dolarización de las carteras que, no hace falta repetirlo, reconoce otras causas suficientemente conocidas.

Así es que estos dos esquemas deben, necesariamente, complementarse: es vital reconstruir la confianza pero como condición para permitir políticas fiscales y monetarias expansivas al mismo tiempo que se requiere una nueva política de ingresos consensuada, para posibilitar un nuevo set de precios relativos que vuelva a dar alicientes a la producción y a la inversión privada para promover el pleno empleo productivo y reiniciar así el camino de la reactivación y el del crecimiento.