Los delitos sexuales son abusos que conmocionan y traumatizan a las víctimas y que socavan la situación de la mujer en la sociedad. Sin embargo, son actos que, muchas veces, se sufren en silencio.
Las víctimas de violación suelen enfrentarse a obstáculos insuperables cuando intentan que sus agresores comparezcan ante la Justicia.
Muchas mujeres que han sufrido violación u otras formas de abuso sexual se sienten demasiado intimidadas como para intentar conseguir una reparación.
Si intentan hacerlo, se encuentran con frecuencia con la hostilidad de la familia, la comunidad y la policía, y sin apenas esperanza de éxito. Quienes aun así buscan justicia se enfrentan a un sistema que no dimensiona su sufrimiento ni castiga con ejemplaridad.
Los ataques contra la libertad sexual de la persona, por sus consecuencias sobre la víctima y su grupo familiar, así como por sus implicancias para la sociedad toda, se encuentran entre los delitos más abominables y condenables y, como tales, son aquellos sobre los que debería caer con toda su fuerza el peso de la ley.
Internacionalmente, la legislación ha recogido de la experiencia lecciones valiosas para enfrentar el delito sexual. Una de ellas es que los reincidentes se presentan en proporciones mucho mayores y elevadas que las verificadas en otros delitos.
Sin embargo, en nuestro país la legislación vigente no refleja ni la intensidad del dolor de las víctimas ni las características peculiares de los victimarios.
La ley Megan surgió en EE.UU. como una política para llevar adelante la prevención e investigación de este tipo de crímenes. Se desarrolla un esquema preventivo donde participan víctimas, policía, oficiales de probation y principalmente la comunidad que se organiza para que estos delincuentes no reincidan y los hechos se esclarezcan. En conclusión: por justicia, anteponiendo así el interés de la comunidad por ante el interés individual.
El crimen sexual comprende una forma específica del irrespeto a los derechos humanos de mujeres, niños y niñas. Lo sucedido en la provincia de Buenos Aires debería generar un cambio necesario de actitudes y valores de su gobernador, donde se tomen en cuenta las secuelas del horror y se constituya un nuevo paradigma, para que a partir de aquí la vida de miles de mujeres, niñas y niños no tengan que pasar más por la negación de su ser y su dignidad.
El Estado se encuentra obligado a mirar de frente realidades que nos duelen y disgustan y ofrecer vías de alivio para el dolor y la humillación más cruel e infame de los abusos de poder: el crimen sexual.
