La intervención de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires no figuraba en los planes de nadie. Quizás ni en los del propio macrismo. Sin embargo, el enfrentamiento del Ejecutivo porteño con los gremios, la reticencia de Sutecba a desregular los aportes de los municipales capitalinos y el poder de veto que ejerce ese sindicato en el directorio de la prestadora dejaron a Mauricio Macri sin margen de acción. La controversia por la libre opción de los empleados porteños viene de larga data. En agosto de 2000 la Legislatura sancionó la creación de la Ob.SBA, que reemplazó al desaparecido Instituto Municipal de Obra Social (IMOS). Los artículos 37 y 38 de esa ley obligan a la prestadora a a adherir al Sistema Integrado Nacional, regido por las leyes 23.660 y 23.661. En criollo, avenirse a la desregulación. ¿El plazo para hacerlo?: el primero de enero de 2003. Desde entonces, la obra social –y el Gobierno de la Ciudad, por tratarse de una entidad estatal-sindical– incumple con la ley. Más aún, con el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño, que el 20 de septiembre de 2006 intimó a Bolívar 1 a adherir a la prestadora al Sistema Integrado en 30 días. Al no adherir al Sistema Integrado Nacional, Ob.SBA queda afuera del alcance de la regulación de la Superintendencia de Seguros de Salud que dirige el kirchnerista Héctor Capaccioli. ¿Podría haberse evitado la intervención? En Ejecutivo porteño aseguran que no había otra salida. Una alta fuente del gabinete macrista aseguró al El Cronista que el poder de veto de los gremialistas en el directorio de la Ob.SBA impedía avanzar en la libre opción. En rigor, la obra social cuenta con una conducción mixta. El directorio está integrado por 12 miembros, de los cuales cinco –incluido su presidente– son designados por Sutecba, otros cinco por el jefe de Gobierno, mientras que los dos restantes son elegidos por los gremios docentes y médicos. Ocurre que el estatuto de la entidad establece que las decisiones del directorio se aprueban con un mínimo de ocho votos. Es decir, necesariamente se requiere un voto de Sutecba para hacer avanzar cualquier iniciativa. Esta no es la primera intervención que sufre la prestadora de salud porteña. A poco de creada, en octubre de 2001, durante la gestión de Aníbal Ibarra se nombró una comisión normalizadora, integrada por Mario Gygli, en representación del Ejecutivo, y Patricio Datarmini por Sutecba Actualmente cuenta con 350.000 afiliados, de los cuales 120.000 son activos, 160.000 son familiares y unos 70.000 jubilados y pensionados. Promesa de campaña o contragolpe a los sindicatos por motivaciones políticas, lo cierto es que el macrismo golpeó por donde más le duele a los sindicalistas: la caja. En este caso, de 340 millones de pesos anuales.